Johnny Pujols, miembro del Cómitre Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Coordinador de Gabinete de la campaña presidencial de esa organización, saludó la decisión de la Junta Central Electoral de iniciar una investigación sobre el uso de recursos del Estado para favorecer a candidatos del PRM, a partir de las denuncias del Partido de la Liberación Dominicana y de los que forman la alianza Rescate RD.
“Tenemos una expectativa positiva con el pedimento que hacemos al organismo de comicios, pero con la instancia presentada también alertamos a la población sobre violaciones a las leyes para crear conciencia, como pedagogía política”, dijo Pujols al participar en el programa Matinal 5.
Explicó en una reseña de su participación a cargo de la Secretaría de Comunicaciones del PLD, que, con las denuncias argumentadas y encausadas, cumpliendo con los requisitos legales, el Partido de la Liberación Dominicana advierte a la ciudadanía para que se mantenga atenta al comportamiento poco ético de las actuales autoridades.
Pujols puso de ejemplo el anuncio de que ahora, en febrero, se entregará el bono escolar cuando el año escolar inició en agosto: “sin duda alguna eso constituye un intento de parte del presidente Luis Abinader de manipular electoralmente a la población dominicana de cara a las elecciones municipales”, explicó.
Considera que ese tipo de comportamiento en franca violación a las leyes electorales y a la ética, socava la democracia y la práctica política en República Dominicana.
En su intervención Johnny Pujols reiteró lo denunciado por su partido de que Luis Abinader viola la Ley Electoral al realizar inauguraciones de obras públicas durante el período de campaña electoral municipal. La Ley núm. 20-23 establece una prohibición clara, que incluso fue apoyada por quienes hoy gobiernan cuando eran oposición.
En las leyes electorales se incluye entre otros aspectos la prohibición de propaganda política en edificios gubernamentales, de la utilización de recursos económicos del Estado, del uso de la publicidad estatal para promover figuras, Abstención de utilizar vehículos oficiales, Prohibición de uso de actos públicos como tribuna para promover candidatos, prohibición de inauguración de obras realizadas por el Gobierno.
“Es que el candidato a la reelección está usando todo el aparato público para su promoción, además de los más de ocho mil millones en publicidad para promoverse y socavar la democracia y legitimidad del proceso electoral” abundó.
