Infancia rota: menores en conflicto con la ley repiten el ciclo de la violencia

Un menor guarda el hueso del muslo de pollo que le dieron de comer en la cárcel donde está recluido en Villa Juana, un barrio de Santo Domingo. Horas después, con ese mismo hueso hirió físicamente a otro menor.

Los oficiales que trabajan con adolescentes en conflictos con la ley aseguran que este tipo de casos ocurre con frecuencia.

Una niña de 13 años fue enviada a un reformatorio femenino tras haber matado al esposo de su madre.

Otra niña, de apenas 10 años, fue trasladada a un hogar de paz luego de ser contagiada con VIH por mantener relaciones sexuales con hombres.

Según relatos oficiales, rondaba hasta las dos o tres de la madrugada por los alrededores del cementerio Máximo Gómez, en el centro de la ciudad. Sus padres murieron por VIH.

En una escuela, un niño de siete años guaya pedazos de tiza, los corta y los envuelve en pequeños “paqueticos”, simulando cocaína. Sus padres eran vendedores.

En otro expediente, psicólogos policiales atienden a una madre cuyos dos hijos fueron violados. Los niños ya habían hecho lo mismo con otros menores.

Estos relatos, narrados por expertos a Listín Diario, muestran una realidad marcada por el abandono, la violencia y la carencia afectiva que viven niños y adolescentes dominicanos que entran en conflictos con la ley penal.

En República Dominicana, los menores vinculados a procesos judiciales suelen pasar por un ciclo que se repite una y otra vez: detención, entrega a las autoridades, devolución a sus familias y, días o semanas después, regreso al sistema por nuevas infracciones.

La reincidencia no es un fenómeno aislado.

El flagelo es una señal de un sistema que tiene dificultades para retener, educar y acompañar a estos menores, según explican autoridades de la Policía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes.

El general José Santana, titular de esa dirección, dice que vive ese proceso a diario.

“A cada momento por cuestiones obvias un muchacho tiene un problema, lo llevan a Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), lo mandan en un momento dado a la policía especializada para su custodia, luego va para la calle... a los 10 o 15 días vuelve otra vez”, dice.

En algunos casos, el conflicto se resuelve entregando el menor a sus padres, pero no siempre hay garantías de protección o acompañamiento.

Santana recuerda el día en que la dirección citó a una madre para recibir a su hijo y la mujer llegó en estado de embriaguez.

“A veces le digo, debemos quedarnos con el menor aquí por su seguridad, pero no podemos porque la ley 136-03 tiene cuestiones específicas”, explicó.

La ley obliga a que el menor de edad pase por la NNA antes de cualquier decisión.

La Policía, subraya, solo custodia. Mientras que los fiscales y los jueces son quienes disponen los siguientes pasos.

En medio de esa burocracia, hay un problema que se repite: jóvenes que entran, salen y vuelven al sistema.

“Es constante la cuestión de los reingresos”, subrayó durante su participación en el Panel de Expertos del LISTÍN DIARIO, encabezado por su director Miguel Franjul, en esta oportunidad para analizar el fenómeno de los menores de edad en conflictos con la ley.

Santana admite que no existen reformatorios provinciales o espacios especializados para rehabilitación en el país, lo que podría dificultar el control del menor más allá de horas o días.

“No los tiene. No tiene reformatorios”, enfatiza.

Menciona que la ley establece tiempos limitados para mantener al menor bajo resguardo.

“La ley dice que en tanto tiempo ya tiene que estar libre. Pero ¿libre de dónde? ¿Libre de qué? ¿Dónde lo tengo estudiando?”, cuestiona.

Al menos 511 adolescentes se encontraban privados de su libertad a junio de este año, según datos de la Procuraduría General de la República (PGR). 120 adolescentes, entre masculinos y femeninos, han sido sancionados. Otros 174 han sido preventivos, y 208 con sanciones alternativas.

Sin embargo, entre marzo y octubre, la Policía Especializada tuvo 636 menores bajo custodia, 84% de ellos varones, precisa Santana.

Los delitos más frecuentes son robo, homicidio, atraco, violaciones sexuales, drogas, según el informe de la PGR.

Las familias duran hasta siete días ausentes

Otra dificultad es el estado en que llegan los menores detenidos. Muchos pasan días en la calle antes de ser capturados.

“A veces los jueces ni los quieren recibir porque ellos tienen tres días en la calle sin bañarse”, señala el general.

Y es que, al llegar a la dirección policial, no tienen ropa limpia ni familiares que los ayuden.

“La familia dura siete días sin verlo y sin llevarle una ropa a un muchacho que tenía tres días en la calle, que llegó con la misma ropa”, lamenta.

Educación y reinserción

La falta de programas de apoyo y actividades formativas dentro de los centros de retención profundiza el problema, según los expertos.

Santana, por ejemplo, imagina un espacio más humano y educativo en los centros de retención: un salón con jóvenes sentados, un facilitador, una pantalla, clases culturales, o incluso una cancha para hacer deportes.

“Para nosotros como custodia fuera algo maravilloso”, asegura.

Santana insiste en que el rol del Estado debe centrarse en la educación y reinserción.

“Si tengo un menor mucho tiempo en la cárcel, lo que voy a tener mañana es un agresor adulto para buscarlo y también tenerlo en la cárcel, porque no estoy educado”, reflexiona.

Para evitarlo, propone programas deportivos, culturales y formativos permanentes.

“La idea principal es educación, que el Estado pueda tener a esos menores en un constante bombardeo educativo y deportivo”, dice.

Repetición de conductas

La psicóloga policial teniente general Rumilda Belliard, especializada en Niños, Niñas y Adolescentes, añade que muchos menores llegan por repetición de conductas que antes fueron sufridas.

“Son niños que ya están repitiendo conducta: abusaron de ellos y están haciendo lo mismo”, explica.

Aunque aclara que estos casos no siempre salen a la luz.

En las escuelas, por ejemplo, es frecuente encontrar niñas abusadas por familiares cercanos que jamás lo cuentan por miedo.

“La escuela se limita porque el papá es un ‘matatán’”, describe. El silencio del menor, según señala, prolonga el daño emocional.

El trabajo psicológico suele arrojar carencias: la falta de afecto es una de ellas.

Belliard relata que cuando preguntan al menor si puede abrazar a su madre como parte del proceso terapéutico, muchos responden: “No, mejor se lo doy a usted”.

Pero cuando le preguntan a la madre, ni siquiera recuerda haberle dicho a su hijo que lo ama.

“No, usted no se acuerda, no se lo ha dicho nunca”, les concluyen los psicólogos policiales.

Para la profesional de la salud mental, detrás de muchos conflictos hay niños que buscan apoyo emocional más que castigo.

Para evitar medidas cautelares, algunos fiscales envían a los menores al departamento donde trabajan la “psicología ambulatoria”.

Se trata de un proceso de acompañamiento terapéutico que intenta frenar el ciclo de conductas delictivas y reincidencias.

Limitaciones logísticas

El general Santana reconoce que la Policía también enfrenta limitaciones logísticas, como falta de vehículos, espacios, personal y herramientas para la atención social.

Afirma que la Procuraduría debería suplir parte de esas necesidades para poder fortalecer el trabajo preventivo.

Además, cuando los jueces ordenan enviar un menor al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), el ingreso no siempre es posible.

“Si Conani tiene todas sus camas llenas, no lo recibe”, dice, por lo que deben buscar otra alternativa.

“No es que van a tirarlo en algún sitio. Hay que ubicarlo”, asegura.

Una de las principales misiones, aseguran los expertos, es reintegrar a los menores en conflictos con la ley penal.

“Es tratar de que esos menores, de que esos adolescentes no sigan reincidiendo, no sean reincidentes en el aspecto delictual”, dice Santana.

Santana y Belliard hablaron del tema el pasado lunes durante una nueva edición del “Panel de Expertos” en LISTÍN DIARIO, donde analizaron el fenómeno de los menores en la delincuencia.

También participaron el director de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, y el psicólogo Luis Bergés.

Además, el defensor público Guillermo Camilo; el encargado de la División de Protección y Restitución de Derechos del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), Felin Hernández, y la técnica del Departamento de Riesgos Sicosociales del Ministerio de Educación, Kastiuka Santana.