Tribunal decidirá este miércoles si otorga prórroga para presentar acusación contra Santiago Hazim

El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga para presentar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros nueve imputados, en el marco del proceso que investiga una presunta estafa millonaria contra el Estado dominicano.

El magistrado Deiby Timoteo Peguero, quien tiene el control de las investigaciones, fijó para las 9:00 de la mañana la audiencia para atender la petición presentada por los titulares de la Dirección de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho y Mirna Ortiz, quienes procurarán que se den cuatro meses más para presentar acusación formal.

El tribunal deberá decidir si otorga el plazo solicitado por el órgano acusador o, por el contrario, intima a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, para que se presente el acto conclusivo.

La audiencia fue notificada a la defensa de los imputados, al Ministerio Público y a los abogados que representan al Estado dominicano.

Junto a Santiago Hazim figuran como acusados Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ada Ledesma.

Los primeros cinco guardan prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, mientras que a Ledesma le fue cambiada la medida y se encuentra bajo arresto domiciliario.

También figuran como acusados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes se encuentran bajo arresto domiciliario.

Estos últimos ya habían admitido ante el tribunal haber pagado sobornos a Hazim y a otros funcionarios de Senasa, colaboración que les permitió obtener arresto domiciliario en lugar de prisión preventiva.

Al grupo se le acusa de defraudar al Estado dominicano por más de 15,000 millones de pesos, cifra que investigaciones posteriores han elevado a más de 19,000 millones de pesos.

Según el Ministerio Público, la red operó entre 2020 y 2025, afectando el sistema público de riesgos de salud.

A los imputados se les atribuyen los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, cobro de sobornos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos.

El Ministerio Público reiteró que el caso permanece abierto y que, además de los actuales arrestados, otras personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación.