Rodolfo Valentín advierte que la Defensa Pública no asignará abogados a empresas privadas

El director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín, advirtió que esa institución no asignará defensores públicos para representar a empresas u organizaciones privadas, pese a las decisiones de algunos tribunales que han requerido su intervención y a la advertencia de posibles acciones por desacato.

Valentín sostuvo que la posición de la Defensa Pública está sustentada en la Constitución de la República y la Ley de la Defensa Pública, al considerar que el servicio de asistencia legal gratuita está concebido esencialmente para personas físicas que carecen de recursos para contratar un abogado privado.

“Algunos tribunales del Distrito Nacional se han empecinado en requerir defensores públicos para defender empresas y organizaciones privadas, sin advertir que están cayendo en trampas estratégicas”, afirmó.

Explicó que, a su entender, la interpretación realizada por algunos jueces sobre el concepto de “persona” contenido en la legislación es incorrecta, debido a que la propia Constitución distingue entre las personas físicas y las personas jurídicas, categoría en la que se encuentran las empresas privadas.

El director de la Defensa Pública afirmó que no conoce ningún país de Iberoamérica donde este servicio estatal esté obligado a representar empresas privadas.

Como excepción, citó el modelo existente en España, donde, según explicó, determinados mecanismos de asistencia pueden alcanzar a organizaciones sin fines de lucro dedicadas a labores sociales y humanitarias, como ONG y fundaciones, pero no a empresas privadas con fines comerciales.

Valentín, quien además es miembro de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas y coordinador del Caribe, aseguró que tampoco existe en la región una defensoría pública que tenga entre sus funciones la representación de empresas y organizaciones privadas.

Aclaró que la institución respeta las decisiones adoptadas por los tribunales, pero rechazó que vaya a modificar su posición frente a estos requerimientos.

“No vamos a caer en esa trampa malintencionada de parte de jueces, fiscales y abogados privados”, sostuvo.

Recursos ante el Tribunal Constitucional

Valentín informó que la Defensa Pública ha interpuesto varios recursos de revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional contra decisiones jurisdiccionales relacionadas con la exigencia de asignar defensores públicos a empresas privadas. 

Indicó que esos recursos se encuentran pendientes de conocimiento por parte del máximo órgano de justicia constitucional. Mientras tanto, explicó que otros tribunales, ante situaciones similares, han optado por declarar en rebeldía a las empresas y continuar los procesos respecto de los imputados que son personas físicas, a quienes la Defensa Pública sí garantiza asistencia técnica cuando reúnen las condiciones establecidas por la ley.

Disputa en el caso Camaleón

La controversia adquirió particular relevancia en el caso Camaleón, donde las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional intimaron a la Oficina Nacional de la Defensa Pública para que ordenara la representación legal de una empresa imputada.

El tribunal advirtió que, ante el incumplimiento de la orden judicial, el Ministerio Público podría accionar penalmente por desacato.

La intimación fue adoptada por mayoría de votos por el tribunal presidido por la magistrada Arlín Ventura e integrado por Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez. La decisión se produjo luego de que las juezas constataran que la coordinadora de la Defensa Pública en el Distrito Nacional, Ángela Maritza Ramírez, no había designado un defensor para la empresa Impresor S.R.L., pese a haber sido notificada de un auto dictado el pasado 20 de agosto.

El caso Camaleón se encuentra en etapa de juicio de fondo e involucra al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras; al empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), además de otras personas físicas y empresas.