Guillermo Estrella Ramia “El arbitraje comercial es la pieza que le falta a la República Dominicana para convertirse en hub regional de inversión”

[caption id="attachment_647142" align="alignnone" width="487"] Guillermo Estrella Ramia[/caption] Guillermo Estrella Ramia, abogado corporativo con más de dos décadas de experiencia en resolución de disputas comerciales, analiza qué necesita el país para dar ese salto: desde mayor apoyo judicial al arbitraje hasta la internacionalización de la oferta institucional local y la creación de una cultura arbitral que nazca desde la base misma de los contratos.

Guillermo Estrella: “El arbitraje comercial es un componente central de la competitividad de los países”

La inversión de largo plazo no llega solo porque un país crezca, atraiga turismo o muestre estabilidad macroeconómica. Llega, sobre todo, cuando existe la certeza de que una disputa compleja podrá resolverse con rapidez, especialización y neutralidad. Esa es la razón por la que el arbitraje comercial internacional dejó hace tiempo de ser un asunto de abogados: hoy es un componente central de la competitividad de los países que aspiran a captar capital serio. La República Dominicana ya tiene parte de esa arquitectura. Cuenta con una Ley núm. 489-08 sobre Arbitraje Comercial inspirada en estándares modernos, es Estado Miembro de la Convención de Nueva York y dispone de institucionalidad arbitral local. También ha empezado a proyectar esa conversación en espacios visibles, como mostró la Convención Centroamericana y del Caribe de Centros de Arbitraje celebrada en Santo Domingo. Pero tener la base normativa no equivale todavía a ocupar un lugar relevante en el mapa arbitral regional.

Guillermo Estrella Ramia: “No basta con tener ley: hay que convertirla en ventaja-país”

El error más frecuente en esta discusión consiste en pensar que el arbitraje fortalece solo la etapa del conflicto. En realidad, fortalece mucho antes: en la mesa donde se negocia el contrato, en el comité donde se aprueba una inversión y en la evaluación de riesgo que hace una firma evaluadora antes de comprometer capital. Un país que ofrece un foro arbitral confiable reduce incertidumbre, mejora percepción de ejecutabilidad y envía una señal de madurez institucional. Eso importa especialmente en sectores donde la República Dominicana ya compite por inversiones de largo aliento: turismo, desarrollo inmobiliario, infraestructura, logística, tecnología y nuevos negocios vinculados a inteligencia artificial. En todos esos sectores, el inversionista sofisticado no solo pregunta por incentivos, demanda o localización. Pregunta también qué pasa si el contrato se rompe, si la ejecución se traba o si la controversia requiere una decisión técnicamente sólida y comercialmente entendible.

Panamá y Miami entendieron algo que RD todavía no termina de capitalizar

Panamá y Miami no se convirtieron en referencias regionales por casualidad ni por geografía. Lo hicieron porque construyeron ecosistemas. Panamá fortaleció una institucionalidad arbitral reconocible, previsible y conectada con su vocación logística y de negocios internacionales. Miami, por su parte, combinó una cultura judicial favorable al arbitraje con una comunidad profesional bilingüe, infraestructura de servicios y una narrativa consistente de neutralidad para disputas regionales. La lección es clara: el arbitraje no se posiciona solo con normas modernas. Se posiciona con práctica constante, jueces que entienden sus límites, instituciones que administran bien los casos, reglamentos competitivos y una comunidad empresarial que lo asume como parte natural de la estructura contractual. En un país que, según ha recogido elperiodico.com.do al reseñar el crecimiento de la inversión extranjera, está atrayendo cada vez más capital, seguir viendo el arbitraje como un mecanismo accesorio sería una omisión estratégica. La inversión de largo plazo no busca solo rentabilidad; busca también una salida civilizada, técnica y confiable cuando surge el conflicto.

La oportunidad dominicana: pasar de tener arbitraje a proyectar una jurisdicción arbitral

Mi impresión es que la República Dominicana ya está en condiciones de dar el siguiente paso: dejar de presentar el arbitraje como una herramienta disponible y empezar a construirlo como una política de posicionamiento jurídico regional. Eso exige, al menos, tres decisiones concretas. La primera es fortalecer la relación entre arbitraje y apoyo judicial, con jueces entrenados para intervenir solo donde corresponde y con criterios consistentes en medidas cautelares, nulidad y ejecución. La segunda es internacionalizar más agresivamente la oferta institucional local, especialmente desde la Corte de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, con mayor visibilidad regional, administración bilingüe, reglas operativamente competitivas y especialización en sectores donde el país ya tiene volumen real de negocio. La tercera, y quizá más importante, es incorporar una cultura arbitral desde el diseño contractual de las operaciones relevantes. No esperar al conflicto para “descubrir” el arbitraje, sino estructurarlo desde el inicio en contratos de turismo, construcción, infraestructura, joint ventures, tecnología y proyectos complejos. Ahí es donde el país puede empezar a convertir una herramienta jurídica en una ventaja económica. La República Dominicana no necesita inventar una vocación arbitral. Lo que necesita es organizarla, proyectarla y sostenerla con disciplina. Si quiere consolidarse como un verdadero hub regional de inversión, tendrá que ofrecer algo más que crecimiento y ubicación. Tendrá que ofrecer confianza ejecutable. Y en esa conversación, el arbitraje comercial internacional no es un lujo técnico: es una pieza de infraestructura institucional.