“No tengo dinero ni para pagarles a mis abogados”, dice imputada del caso Onco14

La Corte de Apelación de Santiago ratificó los 18 meses de prisión preventiva impuestos a Luisa Yasiris Guzmán, esposa del empresario Héctor Lora Cruceta, una de las imputadas en el caso denominado Onco14, relacionado con una presunta estructura de corrupción en el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).

A su salida de la audiencia, Guzmán aseguró que atraviesa dificultades económicas para afrontar su defensa y afirmó: “Señores, yo no tengo dinero ni para pagarles a los abogados”.

La imputada negó haber trabajado para el Seguro Nacional de Salud (Senasa) o haber recibido pagos de esa institución, y sostuvo que su participación se limitó a ayudar a pacientes con cáncer.

“Yo no trabajaba para Senasa, nunca he cobrado por Senasa, ni siquiera tengo seguro por Senasa. No soy miembro del oncológico. Lo único que hice fue ayudar a los pacientes”, manifestó.

Guzmán también cuestionó el manejo mediático del proceso y afirmó que algunas personas estarían siendo utilizadas como “chivos expiatorios” en medio de las investigaciones relacionadas con el caso.

“Dios es el que sabe. Para los que obran al Señor, todas las cosas les son para bien. Hay que esperar; el Señor es el único que sabe y la verdad un día saldrá”, expresó.

El abogado Pantaleón Mieses, representante legal de Guzmán, explicó que la Corte decidió mantener la prisión preventiva debido a que considera que la investigación todavía se encuentra en curso y que existen elementos que justifican que la imputada permanezca privada de libertad mientras avanzan las pesquisas.

Mieses dijo que la defensa no está conforme con la decisión, aunque la acata, y destacó que durante la audiencia se estableció que Guzmán no trabajaba en el Instituto Oncológico ni recibía fondos directamente de Senasa.

El abogado explicó que el tribunal tomó en consideración la relación de Guzmán con su esposo, Héctor Lora, quien se desempeñaba como director del centro, así como su vinculación con la Fundación TÓCATE, entidad que, según expuso, recibía fondos del instituto.

“Es una persona pasible de investigación, no culpable, porque todavía no hemos llegado a esa fase de juicio”, aclaró Mieses.

Sobre el peligro de fuga, el abogado sostuvo que la decisión judicial estaría vinculada principalmente con la gravedad de los hechos investigados y no necesariamente con una valoración definitiva sobre la participación de su defendida.

Mieses explicó que la defensa recurrió la decisión de primera instancia porque, según su interpretación, la jueza había establecido inicialmente que Guzmán contaba con elementos de arraigo suficientes para recibir una medida de coerción distinta de la prisión preventiva.

Sin embargo, posteriormente se le impusieron 18 meses de prisión preventiva, decisión que la defensa llevó ante la Corte de Apelación.

El abogado también hizo referencia durante sus declaraciones a otros imputados del proceso, entre ellos Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien se desempeñó como vicepresidenta del Instituto Oncológico Regional del Cibao y estuvo vinculada a las funciones contables de la institución.

Investigación del caso Onco14

El Ministerio Público sostiene que mediante la Operación Onco14 fue desmantelada una presunta estructura de corrupción que habría operado desde el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao.

De acuerdo con la acusación presentada por el órgano persecutor, la supuesta estructura habría utilizado esas instituciones para desviar recursos públicos destinados a la atención de pacientes con cáncer, con un presunto perjuicio para el Estado, el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y beneficiarios del régimen subsidiado.