La región suroeste dominó las luchas comunitarias por el medioambiente en 2025

En un mundo cada vez más globalizado, las protestas comunitarias no mueren y este año han resurgido con fuerza en República Dominicana, impulsadas principalmente por conflictos socioambientales.

Estos reclamos se concentran de manera diversa en el suroeste del país, la región que registra la mayor variedad de casos, mientras que en el norte se manifiestan con mayor frecuencia, revelando tensiones persistentes entre desarrollo, territorio y comunidades.

Además de demandar educación, títulos de propiedad, la terminación de obras, el cese de los apagones y reivindicaciones laborales, la conflictividad durante este año fue una reacción concentrada contra proyectos que amenazan los recursos naturales y la calidad de vida de varias provincias y municipios del país, afectando directamente el acceso al agua, la salud pública y la preservación del medioambiente.

El más reciente caso es el de La Cuaba, un distrito municipal cuyos residentes se han manifestado desde finales de noviembre en rechazo a la construcción de un relleno sanitario en el paraje El Aguacate.

Aunque el Ministerio de Medio Ambiente dijo que se trata de una planta de residuos sólidos cuyos administradores sometieron “iniciativas de carácter social orientadas a beneficiar a la comunidad y a incorporar medidas precautorias que procuran la protección integral de los habitantes de la zona”, los moradores de La Cuaba aseguran que se convertiría en un vertedero que afectaría su salud, desarrollo ecoturístico y fuentes de agua.

Ya en septiembre de este mismo año, los residentes en ese distrito municipal habían protestado con quema de neumáticos y paralización del tránsito al enterarse que la empresa del proyecto apeló al rechazo que dio el Ministerio de Medio Ambiente en 2024 a los permisos para la construcción de lo que la gente de La Cuaba teme se convierta en un vertedero.

Barrick Gold y Sánchez Ramírez

Pero desde principios del año el foco principal de las protestas comunitarias estuvo centrado en el conflicto alrededor de la minera Barrick Gold en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.

Desde una marcha regional y la presentación de acciones legales, hasta camiones incendiados y comunitarios encadenados a árboles, la comunidad se movilizó fuertemente en protesta contra la construcción de una nueva presa de relaves o presa de colas, una estructura para el depósito de desechos de la extracción del oro.

Los registros periodísticos reseñan que las tensiones están desde enero, cuando la policía y fuerzas militares se concentraron en el distrito municipal Zambrana, en una acción que los miembros de la comunidad consideraron como un intento de desalojo violento, atacando con gases lacrimógenos y balas de goma. El resultado fue ocho personas heridas, entre ellas un sacerdote local.

A finales de mayo se repitió la historia. Con los mismos métodos, las fuerzas militares dispersaron a manifestantes que denunciaban la detención de varios miembros de la comunidad, pero también protestaban en búsqueda de proteger el río El Naranjo y evitar la tala de árboles.

Estas manifestaciones volvieron a acaparar titulares en julio, agosto y septiembre, especialmente por los recursos de amparo que sometieron los grupos protestantes ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA).

Barrick Gold y Sánchez Ramírez

A finales de febrero, comunitarios de Najayo Arriba bloquearon con piedras el acceso de las maquinarias de la empresa Docalsa que irrumpieron en la zona antes del amanecer del día 28 junto a militares.

Los moradores se enfrentaron a los trabajadores de la empresa, oponiéndose enérgicamente. Esto debido a que las operaciones de la minera de cal, que tiene presencia además en El Pomier, pondrían en grave riesgo el bienestar del área, especialmente por la posibilidad de generar impactos ambientales como la destrucción de fuentes acuíferas, la alteración de la única vía de acceso que conecta la comunidad, además de afectar la salud y calidad de vida de los habitantes.

Proyecto Romero y San Juan

Mientras que entre junio y julio, cientos de sanjuaneros salieron a las calles en más de tres ocasiones a marchar en señal de protesta ante las pretensiones de explotación del proyecto minero Romero de la GoldQuest Dominicana, ubicado al norte del municipio San Juan de la Maguana.

“Agua sí, oro no”, “el agua es un tesoro, que vale más que el oro” y “fuera GoldQuest”, eran las consignas que vitoreaban los movimientos y organizaciones participantes, quienes declararon que el fin de la movilización era “denunciar que la empresa minera GoldQuest va a destruir la tierra del Valle de San Juan a través de una explotación minera metálica en el mismo centro de la Cordillera Central, a orillas del Río San Juan”.

Punta Catalina y Peravia

Otro caso, el ocho de octubre, fue la protesta convocada por diversas organizaciones comunales de la provincia Peravia contra la contaminación ambiental provocada, según denunciaron, por las operaciones de la Planta Termoeléctrica Punta Catalina.

En el parque central del municipio cabecera de esa provincia se reunieron varias organizaciones y denunciaron que, pese a las promesas oficiales, los apagones continúan, mientras la población de la zona sufre los efectos de la contaminación.

Días después, el 19 de octubre, se trasladaron hasta la capital dominicana para marchar hacia el Palacio Nacional bajo la consigna “Punta Catalina enferma y mata”, exigiendo a las autoridades adoptar medidas urgentes frente a los daños ambientales que aseguran produce la planta.

Karpowership y Los Negros, en Azua

Hay otras comunidades que, ante la ausencia de acciones y respuestas, ya han apagado su clamor. Tal es el caso de los residentes cercanos a la playa Los Negros, en Azua. Desde 2023 se han quejado y protestado por la instalación de dos barcazas generadoras de electricidad, de la empresa turca Karpowership.

No obstante, en las últimas semanas varios medios han visitado la comunidad para hacer eco del abandono y la resignación con la que viven estos ciudadanos, quienes ya tienen tres barcazas produciendo desechos, degradación del hábitat y ruido, en las aproximaciones del Refugio de Vida Silvestre y manglares de Puerto Viejo.

Como en el caso de la Barrick, cuyas acciones fueron sometidas ante el TSA, este ha sido objeto de un recurso contencioso interpuesto por organizaciones comunitarias y ambientales que buscan la anulación de la licencia ambiental, sin éxito alguno hasta la fecha.

Santo Domingo

Aunque no fue una lucha comunitaria al interior del país, no se puede dejar de mencionar la manifestación en contra de la “mutilación” del Jardín Botánico Nacional.

Con una cadena humana que recorrió gran parte de la zona verde y al grito de "el Jardín Botánico no se toca", en julio de este año decenas de ciudadanos se reunieron en este pulmón de la capital dominicana, para impedir que el parque sea afectado con el objetivo de ampliar la avenida República de Colombia.

Protestas que han marcado años anteriores

A mediados del año pasado, organizaciones comunitarias, juntas de vecinos y grupos ambientalistas manifestaron su rechazo a la instalación de una grancera o arenera en el distrito municipal El Cachón, perteneciente al Bahoruco Oriental. Un proyecto que fue descrito por expertos como “depredador de esa área florística, montañosa y sobre la biodiversidad”.

Asimismo, gracias a la lucha de organizaciones ambientales de Santiago y el Cibao en 2021, los humedales de Laguna Prieta en la Ciudad Corazón fueron declarados como área de manejo de hábitat de especies mediante el decreto presidencial 29-22.

Sin embargo, activistas advierten que esa categoría no ha sido suficiente para su protección efectiva, ya que, pese a ese manifiesto presidencial, en agosto de este año se denunció el relleno de una de sus lagunas con escombros.

A la lista se agregan otras reconocidas luchas como la histórica defensa de Loma Miranda como Parque Nacional (2012-20214) o, incluso, el rechazo de una cementera en Gonzalo, Los Haitises (2009).