Violaciones constitucionales: PE observa ley para pago de deuda a ingenieros que no tienen contrato

Por haber registrado violaciones a disposiciones constitucionales y la falta de especificación de la cantidad de dinero a pagar, el presidente Luis Abinader decidió observar la ley que autoriza al Gobierno saldar las supuestas deudas con constructores de obras públicas, las cuales no cuentan con contratos formalizados.

El mandatario envió el pasado 16 de enero una misiva a la Cámara de Diputados, ya que fue el último órgano legislativo en aprobar esta pieza, aplicando un procedimiento de urgencia y sin haberla sometido al estudio de una comisión.

Los congresistas convirtieron en ley el proyecto que beneficiaría a cientos de empresas e ingenieros por haber desarrollado edificaciones sin haber precisado el monto que entregaría el Gobierno, ni confirmar la veracidad de las alegadas deudas.

Estas fueron algunas de las razones que motivaron a Abinader para terminar observando el documento, indicando que los legisladores violaron principios esenciales establecidos en la Carta Magna, como los son la legalidad presupuestaria, sostenibilidad fiscal, responsabilidad financiera, transparencia y seguridad jurídica.

El gobernante detectó estas faltas en el contenido desde el artículo uno hasta el 14 de la ley favorecida únicamente por los representantes de la bancada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados.

El voto de rechazo fue presentado por la Fuerza del Pueblo (FP), el Partido de la Liberación Dominicana y Partido Revolucionario Dominicano (PRD), quienes advirtieron el pasado 12 las transgresiones jurídicas señaladas por el presidente.  

El mandatario declaró en la carta que la ley pretende ordenarle al Poder Ejecutivo efectuar la liquidación, reconociendo a las empresas e ingenieros como “acreedores del Estado”, sin antes validar si ciertamente ejecutaron las obras.

“Toda deuda pública, para ser reconocida como tal, debe ser cierta y líquida; es decir, debe acreditarse su existencia mediante la documentación correspondiente y determinarse con exactitud el monto adeudado. Reconocer primero a presuntos acreedores y verificar después su calidad”, expresa.

Explicó que el cumplimiento de ese procedimiento le permite al Estado “evitar sorpresas que puedan superar su capacidad de pago o distraer fondos del presupuesto general de la nación”.

“La prudencia normativa impone identificar inequívocamente a los acreedores, establecer el monto adeudado y, con esa información verificada, aprobar la ley disponiendo el pago. Hacerlo en sentido inverso podría contravenir principios esenciales de la Constitución”, reiteró.

Más faltas

Por otro lado, precisó que la ausencia de una fecha a partir de la cual se puedan considerar las obras a pagar podría generar imprecisión. Aunque el presidente diputado, Alfredo Pacheco, mencionó que el adeudo arrastra casos desde, aproximadamente, el 1990, este dato no fue colocado en la ley. 

“En caso de judicializarse reclamos, los tribunales podrían reconocer en perjuicio del Estado cualquier fecha previa, precisamente por la falta de delimitación temporal en el texto legal, lo que podría incluir obligaciones que pudieran estar prescritas”, puntualizó.

Asimismo, Abinader entiende que el reconocimiento situado en la ley sobre “obras que excedieron los topes presupuestarios o no tenían disponibilidad” podría considerarse como una infracción administrativa.

El mandatario recordó la importancia del principio “legalidad presupuestaria”, el cual dicta en el artículo 237 de la Carta Magna que no tendrá efecto ni validez una ley que ordene, autorice un pago o engendre una obligación pecuniaria sin determinar los recursos necesarios para su ejecución.

Falta de presupuesto

También, entiende que podría “resultar inconveniente” que sea el Ministerio de Hacienda y Economía la entidad encargada de efectuar los pagos, debido a que no cuenta con una partida presupuestaria asignada para esos fines.

“Al no haberse calculado previamente los montos adeudados, no podía consignarse como deuda pública en el presupuesto una obligación que aún no era cierta ni líquida”, expresó.

El mandatario indicó que la responsabilidad financiera “supone la provisión de fondos antes de ordenar pagos”.

“Tal provisión resulta imposible si no se conoce previamente el monto exacto de la deuda, lo que magnifica el riesgo de impacto negativo en las finanzas públicas”, insistió.

¿Qué pasará ahora?

La observación presentada por Abinader no contiene explícitamente una propuesta de variación a los artículos. No obstante, sí detalla desacatos inconstitucionales que registró en su contenido.

Los órganos del Congreso Nacional tendrán un plazo de dos legislaturas para votar a favor o en contra las exhortaciones realizadas por el gobernante. De lo contrario, se considerarían aceptadas.