TSA anula traslado de servidora pública por violación de derechos laborales

La Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) anuló la comunicación que dispuso el traslado de la servidora pública Cristina Rodríguez Mota, quien es titular de la Secretaría de Igualdad y Equidad de Género del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), al determinar que la medida violó sus derechos laborales, administrativos y garantías esenciales del debido proceso.

El tribunal estableció que el acto emitido por el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM) carecía de motivación legal, transgrediendo la Constitución, la Ley 41-08 de Función Pública, la Ley 107-13 sobre los derechos de las personas frente a la administración pública y el Estatuto Docente.

La sentencia (0030-1642-2025-SSEN-00497) declara como nulo de pleno derecho el intento de transferencia de organismo y concluye que Rodríguez Mota fue objeto de un acto “carente de causa legítima, sin justificación administrativa válida y ejecutada sin observar las garantías mínimas del proceso administrativo”, afectando de manera directa su estabilidad laboral.

En consecuencia, el TSA ordena su restitución inmediata al cargo de Coordinadora Docente Nacional del INAFOCAM, con todos los derechos, beneficios, salario y prerrogativas inherentes a la función. El tribunal dispuso un plazo de 30 días hábiles para la total ejecución de la sentencia.

Precedente para la Administración Pública

Con esta decisión, el TSA envía un mensaje claro: la administración pública no puede adoptar medidas discrecionales que afecten la estabilidad, la carrera y la dignidad de los servidores sin cumplir los procedimientos establecidos por la ley.

La sentencia reafirma que la estabilidad laboral es un derecho protegido y que el Estado debe actuar conforme a principios de legalidad, razonabilidad y seguridad jurídica.

Durante el proceso judicial, Rodríguez Mota estuvo representada por las abogadas Yulibelys Wandelpool y Yubelka Wandelpool, quienes demostraron ante el tribunal las irregularidades del acto, logrando probar que se trataba de una decisión administrativa incompatible con las normativas vigentes.

Reacción de la Servidora Pública

Tras conocerse el fallo, Cristina Rodríguez Mota, declaró que la sentencia “confirma de manera incuestionable la violación de mis derechos laborales y administrativos, y restituye el respeto que siempre he merecido como servidora pública”.

Afirmó además que el fallo no solo la reintegra a su cargo, sino que deja un precedente para cientos de empleados públicos que han sido objeto de presiones, traslados arbitrarios o medidas tomadas al margen de la ley.

“Esta sentencia protege no solo mi nombre y mi trayectoria; protege a todo el que ha sufrido decisiones injustas. Es una victoria del Estado de derecho”, expresó Rodríguez Mota.