Tres años de La Semanal: un repaso a los temas centrales de la agenda de Abinader

Desde agosto del año 2023 hasta diciembre 2025, el presidente Luis Abinader sostuvo unos 110 encuentros con la prensa conocidos como "La Semanal". En ellos repasó asuntos urgentes, anunció nuevas iniciativas del gobierno y respondió a las inquietudes de los periodistas, independientemente de la temática que se haya tratado.

La última reunión del 2025 se celebró el 8 de diciembre, cuando Abinader dio por concluidas las sesiones del año, dejando en el aire si la iniciativa continuará en 2026.

Este medio recopiló las 110 reuniones y con herramientas de inteligencia artificial creó resúmenes de cada una, consolidó información y cruzó temáticas para definir los temas más relevantes y recurrentes abordados en La Semanal durante estos casi tres años

Crisis fronteriza con Haití

Uno de los ejes más críticos y reiterados fue la situación en la frontera con Haití. En 2023 estalló un conflicto por la construcción de un canal del lado haitiano del río Masacre (frontera de Dajabón), obra que el presidente Abinader calificó de ilegal y emprendida sin autorización del gobierno haitiano.

La respuesta del mandatario incluyó medidas como el cierre total de la frontera terrestre, aérea y marítima, suspensión de visados a ciudadanos haitianos y veto de ingreso a los promotores del canal. Abinader advirtió repetidamente que “la frontera no volverá a ser la misma”, reflejando un endurecimiento en la política fronteriza.

El conflicto fronterizo trascendió al plano internacional. La diplomacia dominicana impulsó activamente una intervención multinacional en Haití, celebrando como “victoria” la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que autorizó desplegar una fuerza pacificadora liderada por Kenia.

Abinader, durante reuniones internacionales, discutió el tema personalmente con líderes como el presidente de Kenia, William Ruto, y el entonces mandatario estadounidense Joe Biden. Mientras tanto, hubo momentos de tensión como incidentes entre militares dominicanos y civiles haitianos, y surgieron interrogantes sobre el impacto económico del cierre fronterizo en los comerciantes locales.

A medida que la crisis se prolongaba, el gobierno reafirmó su postura de no permitir campamentos de refugiados en territorio dominicano pese a la inestabilidad en Haití, y fue afinando sus controles migratorios. Ya en 2025 se revisó un paquete de 15 medidas migratorias, reforzando las brigadas de seguridad en la frontera y avanzando en la extensión del muro fronterizo.

También se implementó un protocolo especial en hospitales para atender a migrantes indocumentados: se les garantizan servicios de urgencia, pero se cobra el costo de insumos y al ser dados de alta se activa su proceso de repatriación.

Sumado a esto, "Haití", "haitianos" y otras palabras similares fueron las más mencionadas por el mandatario si se suman todas las veces que las ha dicho durante estos casi tres años de La Semanal.

Seguridad ciudadana y lucha contra el crimen

La seguridad del país fue otro pilar constante en la agenda presidencial. Abinader utilizó La Semanal para destacar su plan de “transformación policial”, con el que buscó modernizar y dignificar a la Policía Nacional.

Según lo expuesto, la institución pasó “de analógica a digital”, mediante una plataforma unificada de vigilancia por cuadrantes, denuncias virtuales y verificación biométrica de antecedentes en tiempo real. Además, se incrementaron significativamente los sueldos policiales (el salario base se llevó al equivalente a US$500 mensuales), se mejoró el seguro médico de los agentes y se abrieron nuevas academias de entrenamiento, extendiendo la formación básica de 3 a 6 meses.

Para 2025, el gobierno afirmaba que los salarios de los agentes prácticamente se triplicaron respecto a 2019 y que se habían sumado más de 8,900 nuevos policías con capacitación reforzada.

Las cifras oficiales señalaron una mejoría en los indicadores de criminalidad. En 2023, Abinader reportó que la tasa de homicidios bajó a 11.5 por cada 100 mil habitantes. La tendencia continuó a la baja, alcanzando en julio de 2025 un “mínimo histórico” de 8.3 por 100 mil, lo que situaría a República Dominicana como “el segundo país más seguro de Latinoamérica y el Caribe” (solo detrás de El Salvador).

Asimismo, según el propio gobierno, los robos habrían disminuido en un 22.5% entre 2023 y 2025. En la lucha contra el narcotráfico, las autoridades indicaron que, de 2020 a 2025, se confiscaron unas 226 toneladas de drogas, volumen superior a lo incautado en los 16 años previos juntos. Este logro se atribuyó a una política de no interferencia política en los cuerpos antinarcóticos y a la cooperación estrecha con agencias internacionales como la DEA de Estados Unidos.

Pese a estos avances sobre el papel, la percepción de inseguridad siguió siendo tema de debate. Los periodistas señalaron en repetidas ocasiones la contradicción entre las estadísticas y la realidad cotidiana, cuestionando por qué muchos ciudadanos no se sentían más seguros.

Casos de alto perfil, como fugas de reos con presunta complicidad policial o el desorden público en zonas turísticas, alimentaron ese escepticismo. Una preocupación persistente fue la violencia de género: el aumento de feminicidios en el país fue calificado por Abinader como una “tragedia familiar”, y ante la presión social, el gobierno lanzó en 2025 la estrategia “Puntos de Vida” para combatirla.

Este protocolo estableció que lugares públicos y privados, como supermercados, bancos y farmacias, funcionen como espacios seguros a los que puedan acudir mujeres en peligro, facilitando su protección y denuncia.

También la indisciplina de los motoristas en el tránsito urbano salió a relucir en las ruedas de prensa, señalada por la prensa como un factor de inseguridad vial que requería atención.

Economía y desarrollo social

Los temas económicos fueron presentados habitualmente como un “punto brillante de la gestión”, aunque no exentos de debate. Durante estos tres años, el gobierno de Abinader subrayó “el sólido crecimiento económico del país y las mejoras en empleo e inversión”.

Según mediciones internacionales, República Dominicana se consolidó como la séptima economía más grande de América Latina y logró mantener la inflación bajo control (situada en 3.57% a diciembre de 2023). El Producto Interno Bruto continuó expandiéndose (un 5 por ciento estimado en 2024) hasta alcanzar un PIB nominal cercano a US$124 mil millones.

La inversión extranjera directa marcó récords, proyectándose casi US$5,000 millones en 2025. En materia de empleo, el país alcanzó niveles históricos: a finales de 2023 había unos 4.85 millones de ocupados y para 2025 la tasa de empleo formal subió al 46.6%, la más alta registrada.

La señalada “bonanza económica” vino acompañada de avances sociales, según los datos oficiales. Más de 422 mil empleos formales fueron creados solo en 2023, contribuyendo a que la pobreza monetaria bajara a mínimos históricos (23.4% en el segundo trimestre de ese año).

La alimentación también mostró mejoras: la FAO (Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación) reconoció que la subalimentación en la población dominicana se redujo en un 55%, pasando de 8.3% a 4.6% en pocos años. Parte de este logro se atribuyó a programas sociales fortalecidos.

Por ejemplo, los Comedores Económicos del Estado ampliaron sus raciones diarias a 160 mil, abriendo nuevos centros de comida subsidiada en provincias pobres del sur. Asimismo, para abaratar el costo de la canasta básica se lanzó el programa “A Comer: Del Campo al Colmado”, destinado a reducir la intermediación entre los agricultores y las bodegas de barrio.

En época navideña, el gobierno continuó con la tradicional entrega del bono “La Brisita”, consistente en RD$1,500 para unos 2.5 millones de personas, junto a ferias de alimentos a bajos precios (INESPRE) y la instalación de villas navideñas comunitarias.

No obstante, los beneficios económicos no silenciaron las preocupaciones de la gente sobre el bolsillo diario. Un cuestionamiento recurrente en las ruedas de prensa fue si los salarios realmente alcanzaban para cubrir la canasta familiar.

Aunque en 2025 se dispusieron aumentos de sueldo (20% en el sector privado no sectorizado y 30% en turismo), periodistas señalaron que muchos trabajadores seguían sintiendo que el dinero no rendía. El mandatario respondió que las alzas salariales reales habían superado a la inflación en su período, citando datos de la CEPAL para asegurar que el poder adquisitivo mejoró.

Otro foco de debate fue la transparencia en la entrega de ayudas sociales. Por ejemplo, la distribución del bono navideño generó críticas cuando en la plataforma oficial aparecieron como beneficiarios incluso algunos ciudadanos de altos ingresos, evidenciando filtraciones en el padrón.

Este tipo de situaciones obligó al gobierno a prometer mayores controles en la focalización de los subsidios, en un contexto donde la oposición política también acusaba clientelismo en año preelectoral.

Infraestructura y servicios públicos

El ambicioso plan de obras públicas y mejoras de servicios fue otra constante en las intervenciones semanales del Presidente. En el sector transporte, Abinader impulsó proyectos para modernizar la movilidad urbana. Anunció el inicio de la construcción de la Línea 3 del Teleférico de Santo Domingo (tramo oeste) y confirmó la expansión del Metro hasta el municipio de Los Alcarrizos.

Simultáneamente, en Santiago avanzó la obra del Monorriel, con la meta de inaugurarlo a finales de 2025. De hecho, a finales de ese año se informó que tanto el Monorriel de Santiago como la extensión del Metro capitalino iniciarían sus pruebas en septiembre de 2025 para entrar en operación en febrero de 2026. En las calles, también se entregaron infraestructuras viales estratégicas: por ejemplo, se inauguró un nuevo paso a desnivel en la intersección conocida como Pintura (prolongación 27 de Febrero con avenida Isabel Aguiar) para aliviar el congestionado tránsito del Distrito Nacional.

Dentro de los servicios públicos, la apuesta por el transporte incluyó iniciativas como el programa TRAE (Transporte Escolar) que comenzó a movilizar de forma gratuita a cientos de miles de estudiantes cada día (estimaron más de 942 mil alumnos según los datos de 2024) con miras a cubrir las 31 provincias para finales de ese año.

Este sistema de autobuses, que incorporó unidades eléctricas, buscó facilitar el acceso a las escuelas y reducir gastos de transporte a las familias.

Por otro lado, uno de los problemas más sentidos, los apagones eléctricos, fue objeto de reconocimiento y planes de solución. El gobierno admitió el déficit y las pérdidas en las empresas distribuidoras de electricidad (Edenorte, Edesur, EdeEste) y lanzó un plan trienal para invertir US$300 millones anuales en la modernización de las redes de distribución.

A la par, se apostó por aumentar la generación de energía: nuevas plantas como la de Manzanillo (gas natural) y múltiples parques de energías renovables fueron promovidos para cerrar la brecha entre oferta y demanda eléctrica. Estas inversiones, según las autoridades, deberán reducir los cortes de luz en los próximos años, aunque se admitió que el consumo ha crecido más rápido que la capacidad instalada actualmente.

La vivienda y el saneamiento urbano también figuraron entre las prioridades de infraestructura. En materia habitacional, se presentaron avances de los planes Mi Vivienda y Familia Feliz, con la entrega de miles de hogares de bajo costo a familias beneficiarias. Además, se realizó una entrega masiva de títulos de propiedad que, según el presidente, otorgó seguridad jurídica sobre su terreno o casa a más de 283 mil personas que antes no la tenían.

Para elevar la calidad de vida en barrios vulnerables, el gobierno emprendió obras de drenaje pluvial y saneamiento. Un ejemplo emblemático es el proyecto integral sobre el Arroyo Gurabo en Santiago: con una inversión de RD$3,265 millones se están limpiando más de 17 kilómetros de cañadas y recuperando 50 mil metros cuadrados de áreas verdes a lo largo de su cauce.

De forma similar, en el Gran Santo Domingo se reportó la rehabilitación de 22 cañadas (también sumando unos 17 kilómetros saneados) y otras 23 en proceso.

La renovación de infraestructuras incluyó también puertos y aeropuertos, con miras a potenciar a República Dominicana como “hub regional”. Se informó que la inversión combinada pública-privada en infraestructura portuaria alcanzó los US$531.5 millones entre 2023 y 2025.

Proyectos en puertos estratégicos (Manzanillo en el norte, Arroyo Barril en Samaná, y un nuevo puerto de cruceros en Barahona) avanzaron para impulsar el comercio y el turismo de cruceros.

En cuanto a la aviación, se planificaron US$700 millones hasta 2026 para modernizar aeropuertos, lo que colocó al país como “el segundo de Latinoamérica con mayor índice de conectividad aérea”. Estas mejoras, según el gobierno, se reflejan en cifras como el auge de cruceristas (se proyectaron 2.3 millones de pasajeros de crucero) y la apertura de una ruta de ferry entre San Pedro de Macorís y Puerto Rico, iniciativas destacadas por el gobierno en sus informes.

Reformas institucionales y transparencia

La agenda de La Semanal también dedicó espacio a las reformas institucionales de calado que el gobierno intentó impulsar.

En 2024, Abinader propuso una reforma constitucional con objetivos puntuales: prohibir a futuro cualquier alteración de las reglas sobre reelección presidencial, “blindar” la independencia del Ministerio Público y cambiar la conformación de órganos como el Consejo Nacional de la Magistratura, entre otros puntos. Asimismo, buscó una reestructuración del Estado mediante fusiones de ministerios, como unir Educación con Educación Superior, y Hacienda con Economía.

En el terreno fiscal, ese año se presentó un proyecto de reforma tributaria bajo el nombre de Ley de Modernización Fiscal, con la meta de recaudar ingresos equivalentes al 1.5 por ciento del PIB. Dicha propuesta contemplaba aumentos en la ayuda social (subir el monto del programa Aliméntate a RD$2,000) y un combate agresivo a la evasión (implementación de factura electrónica y fiscalizaciones masivas).

No estuvo exenta de polémica, pues pretendía eliminar exenciones impositivas a sectores privilegiados (turismo, industria cinematográfica, zonas francas) y crear nuevos impuestos. Finalmente, ante la falta de consenso político, el Ejecutivo optó por retirar la reforma fiscal, anunciando que ajustaría el presupuesto y continuaría con inversiones usando los recursos disponibles.

Ya en 2025, el gobierno pudo concretar algunos cambios importantes en materia legal y de transparencia. Se promulgó un nuevo Código Penal y una actualizada Ley de Compras y Contrataciones Públicas. Ambas normativas incorporan sanciones penales más severas y prevén inhabilitar de la función pública a quienes cometan actos de corrupción.

Abinader también anunció la creación de un Sistema Nacional de Transparencia y Anticorrupción, buscando centralizar y hacer más efectivas las iniciativas contra la malversación de fondos. Paralelamente, el gobierno exhibió logros en políticas sociales de corte institucional: por ejemplo, elaboró el Plan Nacional de Discapacidad 2025-2035 y firmó acuerdos para promover la inclusión laboral de personas con necesidades especiales.

En educación, informó que para el ciclo 2025-2026 más del 76 por ciento de los estudiantes ya asistían a jornada escolar extendida, se reforzaron programas para elevar la calidad educativa y se reintrodujo la enseñanza de moral y cívica en las escuelas públicas.

En cuanto al clima político, Abinader mantuvo en La Semanal una postura de apertura frente a las críticas, intentando separar las funciones de gobierno de la contienda electoral.

Pese a que 2024 y 2025 estuvieron marcados por elecciones municipales y generales, el presidente había impuesto la regla de no hacer proselitismo en estas reuniones. Aun así, algunos intercambios con la prensa reflejaron esa coyuntura. Los periodistas preguntaron insistentemente por denuncias de corrupción en el gobierno desde casos de militares vinculados a sobornos en la frontera hasta la lentitud de procesos judiciales por corrupción administrativa y si se destituiría a los funcionarios involucrados, así como lo acontecido con el caso Senasa. Abinader respondía que cualquier denuncia con méritos es remitida al Ministerio Público, reiterando su compromiso con “cero impunidad” sin importar quién esté implicado.

También fue consultado sobre las críticas constantes de líderes opositores, como los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina, respecto al endeudamiento y la calidad del gasto público. Como réplica, el mandatario presentó datos: afirmó que su administración redujo la deuda pública de 49.7 por ciento del PIB en 2020 a 46.9 por ciento en 2025, y llegó a invitar a sus antecesores a un diálogo nacional en el Consejo Económico y Social para juntos buscar soluciones a retos como la crisis de Haití.

Incluso en medio de la contienda política, La Semanal sirvió así para contrastar visiones y que el gobierno defendiera su gestión con cifras y hechos.

Relaciones internacionales

La política exterior y las relaciones internacionales no quedaron fuera de La Semanal, aunque generalmente vinculadas a temas domésticos clave.

La situación de Haití fue nuevamente central: República Dominicana se proyectó como voz líder en la búsqueda de una solución a la crisis haitiana. La aprobación en la ONU de una misión multinacional de apoyo a Haití liderada por Kenia (fruto de dos años de gestiones diplomáticas dominicanas) fue presentada como un hito en estos encuentros.

Abinader destacó haber abordado este asunto con potencias aliadas; por ejemplo, conversó con el presidente Joe Biden en el marco de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (APEP) sobre el tema haitiano y oportunidades de inversión regional. También aquella reunión con Biden, hacia finales de 2023, sirvió para explorar iniciativas económicas conjuntas, incluyendo la posible inversión estadounidense en sectores estratégicos dominicanos como los semiconductores y las energías renovables.

Esta línea de “diplomacia económica” continuó en 2025, cuando Abinader anunció un próximo viaje a Silicon Valley en busca de capital para proyectos de alta tecnología, parte de su visión de posicionar al país como un hub industrial y tecnológico del Caribe.

En el ámbito regional, Abinader utilizó La Semanal para respaldar públicamente la democracia y estrechar lazos con naciones vecinas. En la última sesión de 2023, recibió al entonces presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, y le ofreció un firme apoyo ante intentos internos de desconocer su victoria electoral.

Además, el país se preparó para ser anfitrión de eventos internacionales de relevancia, como los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2026, informando que las obras de infraestructura deportiva tenían un 90 por ciento de avance para diciembre de 2025. 

Fenómenos naturales y emergencias

Los desastres naturales y las situaciones de emergencia marcaron varios capítulos de La Semanal, reflejando la vulnerabilidad del país ante estos eventos y las respuestas del gobierno.

Dos fenómenos atmosféricos golpearon particularmente en 2023. En agosto, la tormenta tropical Franklin atravesó el territorio causando inundaciones; se estimaron daños por unos RD$5,100 millones. Abinader defendió su decisión de suspender las actividades laborales y educativas durante el paso de Franklin, enfatizando que primero era proteger vidas.

Apenas unos meses después, en noviembre, lluvias récord provocaron el colapso del paso a desnivel en la intersección de la avenida 27 de Febrero con Máximo Gómez, en Santo Domingo. Este incidente puso de relieve la histórica carencia de un sistema de drenaje pluvial en la capital.

El gobierno respondió creando una comisión independiente de ingenieros, encabezada por el geólogo Osiris de León, para evaluar la vulnerabilidad de las infraestructuras frente al cambio climático. Asimismo, anunció planes para construir “un verdadero sistema de alcantarillado pluvial” y un fondo especial destinado a obras de mitigación del cambio climático, reconociendo que el problema de las inundaciones urbanas requería soluciones a largo plazo.

En 2025 se repitió el patrón de emergencias. A finales de octubre, la tormenta tropical Melissa impactó varias provincias, llevando al presidente a activar el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), así como también ordenar la suspensión de la docencia y las labores en las zonas bajo alerta.

La coordinación entre el COE y las autoridades permitió manejar el nivel de las presas durante la tormenta. Pese a las precauciones, Melissa dejó pérdidas en la agricultura estimadas en RD$1,340 millones.

Por otra parte, a mediados de año ocurrió una tragedia que conmocionó al país: el sorpresivo colapso del edificio que albergaba la emblemática discoteca Jet Set, en Santo Domingo.

En La Semanal, Abinader informó que había instruido brindar apoyo psicológico a las víctimas y a los rescatistas, así como iniciar una investigación exhaustiva de lo sucedido. El hecho evidenció un vacío legal en cuanto a la supervisión obligatoria de las edificaciones privadas, es decir, la falta de controles regulares de seguridad estructural, asunto que el gobierno se comprometió a revisar tras el desastre.

El último encuentro de La Semanal este año fue el pasado lunes 8 de diciembre. Semana tras semana, las preguntas de la prensa sirvieron de contrapunto, poniendo sobre la mesa las dudas ciudadanas sobre el costo de la vida, la corrupción, los apagones o la violencia de género, así como otras temáticas.

A pesar de sus debilidades en cuanto a la gestión de invitados, organización, manejo de prensa y presentación de temas, La Semanal se convirtió en un foro de rendición de cuentas y diálogo, un espacio para que el presidente Luis Abinader exponga logros, atienda críticas y defina el rumbo de su gestión, en su intento de acercar el Palacio Nacional a la ciudadanía.