Suprema Corte habilita consulta pública para seguimiento de recursos de revisión constitucional

El secretario general de la Suprema Corte de Justicia, César García Lucas, informó que la institución ha fortalecido las acciones orientadas a garantizar la oportuna tramitación de los recursos de revisión constitucional, mediante la publicación de un listado actualizado de expedientes que se encuentran incompletos y pendientes de tramitación ante el Tribunal Constitucional dominicano.

García Lucas explicó que esta medida tiene como propósito facilitar a las partes el acceso a la información sobre el estado de sus expedientes y promover la realización de las gestiones necesarias para su completitud, conforme a los requisitos establecidos en la normativa vigente, a fin de permitir su remisión y conocimiento por parte del Tribunal.

En ese sentido, indicó que actualmente existen recursos de revisión constitucional que se encuentran en proceso de completitud en la Secretaría General, en espera del vencimiento de los plazos, o que han sido devueltos por el TC, debido a la falta de documentación indispensable para su correcta tramitación, como las constancias de notificación a las partes, cuya gestión puede ser promovida por los interesados a fin de facilitar la completitud de sus expedientes.

Como parte de estas acciones, la secretaría de Estado habilitó un mecanismo de consulta pública del listado, concebido como una herramienta de transparencia que permite a los usuarios verificar el estado de sus expedientes y dar seguimiento a su completitud. Asimismo, se ha iniciado el envío de correos electrónicos directos a las partes involucradas en dichos recursos, a fin de exhortarlas a realizar, a la mayor brevedad posible, los depósitos y diligencias correspondientes.

El secretario general destacó que, de manera paralela, se mantiene comunicación constante con la Secretaría del Tribunal Constitucional respecto a la situación de los expedientes incompletos, con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional.

García Lucas precisó que estas medidas se desarrollan en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, así como en el artículo 38 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, los cuales establecen los requisitos y el procedimiento para la tramitación de los recursos de revisión constitucional.

En ese contexto, subrayó que Justicia.gob.do centraliza los servicios judiciales en un solo portal para facilitar el acceso a información y trámites de forma simple y transparente. Asimismo, indicó que, en el marco de la transformación digital, los usuarios pueden realizar depósitos desde sus hogares a través del Portal de Acceso Digital.

Como parte de este proceso de modernización, la institución ha implementado un modelo de interoperabilidad con el Tribunal Constitucional, operando desde noviembre de 2025, que permite el envío digital de expedientes constitucionales y forma parte de una estrategia destinada a alinear procesos, reducir los tiempos de tramitación y evitar duplicidades en la gestión documental. Para ser implementado gradualmente en todas las jurisdicciones a nivel nacional que tienen vocación de envío al Tribunal Constitucional.

Este modelo permite que la información fluya de manera ágil, segura y estandarizada entre las instituciones, fortaleciendo la trazabilidad de los expedientes, la transparencia en su seguimiento y la eficiencia en su tramitación.

Además, contribuye a reducir cargas innecesarias para los usuarios, evitando la repetición de depósitos documentales que ya reposan en el sistema de justicia.

La interoperabilidad constitucional se sustenta en los principios de coordinación institucional, calidad de la información y seguridad jurídica, constituyéndose en una herramienta clave para garantizar una respuesta oportuna en el marco del derecho a la tutela judicial efectiva, conforme a lo previsto en el artículo 69 de la Constitución de la República.

Asimismo, se articula con los principios de buena administración establecidos en el artículo 3 de la Ley 107-13, que orientan la actuación de la Administración Pública hacia una gestión integrada y centrada en el ciudadano.

El secretario general destacó, además, que estas acciones forman parte de una política sostenida de mejora en la gestión de los expedientes constitucionales, recordando que desde el año 2023 la Secretaría General ha venido realizando publicaciones periódicas y llamados formales a las partes para la completitud de los expedientes, con el objetivo de evitar retrasos en su tramitación.

Finalmente, reiteró el llamado a los usuarios del sistema de justicia a colaborar activamente en la completitud de sus expedientes, señalando que el cumplimiento oportuno de estos requisitos resulta esencial para asegurar la continuidad de los procesos y la efectividad del control constitucional.