La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago aplazó para el próximo lunes 15 de junio el conocimiento de la medida de coerción contra diez personas acusadas de integrar una presunta red criminal dedicada a la estafa, extorsión y lavado de activos mediante operaciones de ciberdelincuencia.
La decisión fue adoptada por la jueza Yiberty Polanco tras una solicitud presentada por la defensa, que alegó no haber contado con tiempo suficiente para examinar el voluminoso expediente presentado por el Ministerio Público, compuesto por pruebas audiovisuales, documentales y testimoniales.
“Desde el primer día secuestraron a los imputados; después que tuvimos acceso a los imputados, secuestraron el expediente”, expresó el abogado José Reynoso García al salir de la audiencia.
Entre los imputados figuran Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera, Walinton Ariel Sosa Almonte, Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yusmery Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua y Julio Antonio Peralta del Rosario.
Los abogados insistieron en que sus representados deben disponer de garantías suficientes para ejercer una defensa adecuada antes de que se conozca cualquier medida cautelar.
“Si los están sometiendo, por lo menos permítanles que tengan una defensa efectiva”, sostuvo García.
Por su parte, el jurista Miguel Valdemar afirmó que la defensa mantiene acciones legales por presuntas vulneraciones a derechos fundamentales durante el proceso.
“Tenemos desde el viernes un pedimento de derecho constitucional porque se han violado los derechos fundamentales de nuestros representados”, indicó.
Valdemar explicó que las imputaciones formuladas por el Ministerio Público incluyen delitos electrónicos, lavado de activos y estafa.
“Las imputaciones que se están colocando son las de delitos electrónicos. Se habla de lavado de activos y estafa”, señaló.
La audiencia fue reprogramada para el próximo lunes, fecha en la que el tribunal deberá conocer la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, quienes solicitan 12 meses de prisión contra los imputados. Sin embargo, la defensa solicita que la misma se anule amén de las vulneraciones de sus defendidos.
La Operación XL526 incluyó la ejecución de 28 allanamientos simultáneos en las provincias de Santiago y Puerto Plata, con la participación de más de 35 fiscales y miembros de organismos especializados, entre ellos la Dirección de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Deidet) y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado.
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