Proponen penalizar funcionarios Minerd por cupos escolares

Desde mediados de 2024, la diputada Selinée Méndez ha denunciado que el sistema educativo público del país está registrando un estado de colapso, el cual imposibilita a las autoridades gubernamentales cumplir con la responsabilidad de garantizar la formación de todos los niños, niñas y adolescentes.  

Es por esta razón que la representante de la Fuerza del Pueblo (FP) depositó nuevamente en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que tiene el objetivo de sancionar los casos de “negligencia” provocados por los funcionarios del Ministerio de Educación (Minerd), al no poder asegurar la inscripción de todos los alumnos en las escuelas del territorio nacional.

Estas penalizaciones podrían incluir amonestaciones, suspensiones, destituciones o cualquier otra medida disciplinaria prevista en la normativa aplicable, garantizando en todo momento el derecho de defensa del funcionario afectado.

La pieza precisa que se considerarán los siguientes criterios para determinar la gravedad de la falta cometida por el empleado público: naturaleza intencional o no de la acción u omisión constitutiva de negligencia, impacto o perjuicio causado al servicio público o a los derechos de los ciudadanos y reincidencia en conductas similares.

Los actores que podrían ser sometidos al cumplimiento de un mandato son el ministro de Educación, directores regionales, distritales y de centros escolares, debido a que, según entiende la legisladora, tienen la responsabilidad de facilitar la impartición de clases a todos los menores de edad.

El documento aclara que no sería objeto de correctivo los fallos causados por circunstancias estructurales o presupuestarias ajenas a “su control, siempre que el funcionario hubiere realizado las diligencias administrativas necesarias para procurar su solución”.

“La responsabilidad individual solo será exigible cuando se compruebe que el funcionario disponía de los medios materiales disponibles, la competencia funcional atribuida y la facultad legal directa para evitar la situación de falta de cupo, y que su conducta constituyó una omisión negligente o dolosa”, versa el contenido depositado el pasado 28 de enero en la Secretaría Legislativa.

De acuerdo con el proyecto de ley, los padres, tutores legales o representantes tendrían el derecho a demandar la reparación de los daños y perjuicios “ocasionados por la negativa de inscripción debido a negligencia”.

En este proceso el Defensor del Pueblo tendrá un nuevo rol, ya que deberá brindar asistencia legal y representación judicial a los afectados que los requieran.