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Preocupaciones no detuvieron que Congreso convierta en la Ley proyecto que crea la DNI

08 January 2026
This content originally appeared on Listín Diario.

A pesar de las inquietudes manifestadas por organizaciones políticas opositoras y colectivos de juristas, el Congreso Nacional convirtió este jueves en ley el proyecto que crea la nueva Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Con el rechazo de los tres únicos opositores de la Fuerza del Pueblo (FP), el voto mayoritario de los representantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) permitió que el Senado de la República cumpliera con el trámite legislativo, por lo cual será decisión del Poder Ejecutivo si promulga esta ley.

Los senadores Eduard Espiritusanto, Félix Bautista y Omar Fernández expresaron su rechazo a través del voto, sin emitir declaraciones en la sesión al respecto.

El bloque del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la FP en la Cámara de Diputados manifestaron su preocupación, ya que, según coincidieron en sus planteamientos, esta nueva institución podría vulnerar derechos constitucionales de los ciudadanos.

La bancada de diputados peledeísta entiende que otorga un exceso de discrecionalidad al Gobierno, sin que sean supervisadas por un órgano de “contrapeso” sus decisiones al realizar las labores de investigación.

La iniciativa, elaborada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; coloca a la DNI como la responsable de dirigir el nuevo Sistema Nacional de Inteligencia (SNI), el cual estará integrado por las unidades militares del sistema de inteligencia militar, la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DINTEL).

Además, el Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC) de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y los organismos del Estado que circunstancialmente, por la información que manejen o capacidades técnicas, puedan contribuir con el Sistema Nacional de Inteligencia (SNl).

De esta manera, la Dirección Nacional de Inteligencia se posiciona como el órgano rector de las entidades antes mencionadas.

“Discrecionalidad”

El diputado Danilo Díaz considera que las disposiciones redactadas en el documento “son muy abiertas y subjetivas”, otorgando la posibilidad de afectar derechos relacionados con la libertad de expresión, libre tránsito y a la protección de la vida privada, así como el debido proceso judicial.

Advirtió que uno de los artículos le permitiría a la DNI accionar ante cualquier actividad pasible de atentar contra los intereses nacionales, sin que la ley especifique el alcance.

“Sin una definición objetiva y verificable que habilite el acceso a datos específicamente protegidos y que el régimen de secreto y gasto reservado concentra el control exclusivamente del Poder Ejecutivo…”, declaró el diputado del PLD al pronunciarse en el hemiciclo durante la sesión.

Díaz entiende necesario que el Congreso Nacional conforme una comisión legislativa, en la cual los organismos de inteligencia deban rendir cuentas sobre sus labores, siendo así el contrapeso “democrático” del Gobierno.

Aclaró que el PLD no está en desacuerdo con readecuar el marco legal destinado a regular la protección y seguridad del Estado; sin embargo, la propuesta, según detalló, no tiene las condiciones para garantizar el desarrollo de diversos derechos ciudadanos.

“Esa es una de las cosas que deberían agregarse a este proyecto: una creación de la comisión que sirva de contrapeso para que no haya exceso… No estamos aquí para decir no a la inteligencia, estamos aquí para decir sí a la inteligencia, pero con límites claros, control judicial reforzado y supervisión democrática real”, indicó.

Derecho a no decir

El artículo 12 tiene dentro de las prohibiciones especiales que los agentes de inteligencia no podrán cometer el desconocimiento del derecho de los periodistas a proteger sus fuentes de información. No obstante, el diputado Carlos de Pérez lamentó que esta legislación no contemple la protección integral de otras profesiones importantes en el país.

“No hay una protección integrada, lo único que se protege es el derecho de los periodistas, pero el secreto de fuentes para sacerdotes, abogados en ejercicio, contables no está protegido”, alertó.

Es por esta razón que Pérez dijo que la FP se abstenía de votar a favor, ya que “sigue teniendo algunas falencias que colinden con derechos constitucionales y en ninguna medida podemos apoyar nada que aumente la discrecionalidad del Estado”.