SANTO DOMINGO.- La procuradora de corte Mirna Ortiz deplor? la decisi?n del Tercer Juzgado de la Instrucci?n del Distrito Nacional que var?a la prisi?n preventiva a un imputado por corrupci?n administrativa del Caso Medusa y lament? que los jueces sigan sin asumir la magnitud de los casos de corrupci?n procesados por el Ministerio P?blico.
Ortiz, coordinadora de Litigaci?n de la Procuradur?a Especializada de Persecuci?n de la Corrupci?n Administrativa (Pepca), lament? que “los tribunales contin?an dando decisiones bajo un pensamiento ortodoxo”.
Al ser consultada por los periodistas sobre la decisi?n el juez Amauri Mart?nez de disponer el cese de la prisi?n preventiva a favor del imputado Alfredo Alexander Solano, ex subdirector administrativo del Ministerio P?blico, la litigante indic? que “los tribunales se niegan a hacer un examen de la Ley conforme a las nuevas tendencias, atender a la realidad de que los tribunales no estaban preparados para casos de esta magnitud, como tampoco la legislaci?n est? adaptada a casos de esta magnitud”.
Sostuvo que frente a los casos de corrupci?n que lleva el Ministerio P?blico en estos momentos producto de sus m?ltiples operaciones contra la corrupci?n y la impunidad se hace necesario, sin dilaciones y conforme lo ya establecido por el Tribunal Constitucional, “extender los plazos por la cantidad de imputados, la cantidad de pruebas, y la complejidad de la obtenci?n de dichas pruebas; cosas que no se hab?an visto con otros procesos, por lo menos en la historia de la justicia penal dominicana”.
“Entonces, los jueces se niegan a entender esa realidad y, en este caso, incluso, el juez tampoco escuch? el llamado y el clamor de una v?ctima que le dijo a la justicia dominicana a trav?s de una denuncia que su vida se sent?a amenazada con la libertad del ciudadano Solano, y esa persona es nada m?s y nada menos que la exesposa del imputado”, a?adi?.
Al variar la prisi?n preventiva al acusado Solano, el juez Mart?nez le dispuso arresto domiciliario, el pago de una garant?a econ?mica por un monto de RD$10 millones a trav?s de una compa??a aseguradora e impedimento de salida del pa?s.
La litigante de la Pepca resalt? que al tribunal se le explic? que la exesposa de Solano present?, el d?a 26 de enero, una denuncia por sentirse violentada de manera persistente a trav?s de llamadas telef?nicas amenazantes, realizadas por el imputado desde la c?rcel, desde d?nde le advert?a incluso, “que la c?rcel no era eterna, o sea, poniendo fecha y hora para que a su salida resolvieran conflictos y situaciones de pareja”.
“El juez entendi? que esto tampoco era motivo suficiente para mantenerlo en prisi?n y que eso era un caso distinto al caso que est?bamos conociendo”, deplor? Ortiz.
Por razones de espacio la audiencia fue celebrada en la Novena Sala Penal del Distrito Nacional, donde el Ministerio P?blico adem?s de Ortiz estuvo representado por los fiscales Miguel Collado y Emmanuel Ram?rez.
Ortiz record? que el Ministerio P?blico se mantiene confiado en el proceso pese a la decisi?n del tribunal. “El Ministerio P?blico contin?a como siempre a pie de batalla y seguiremos presentando la acusaci?n donde inequ?vocamente ser?n enviados todos a juicio”, subray?.
Adem?s de Alfredo Alexander Solano, el proceso tambi?n se sigue en contra del ex procurador general Jean Alain Rodr?guez S?nchez, quien es acusado de dirigir el entramado de corrupci?n administrativa cuando estuvo al frente del Ministerio P?blico en el per?odo del 2016 al 2020.
Tambi?n, contra el exdirector de Tecnolog?a de la Informaci?n y la Comunicaci?n del Ministerio P?blico, Javier Alejandro Forteza Ibarra, y el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodr?guez Imbert.
Igualmente, contra Jenny Marte Pe?a, exencargada de Proyectos; la ex subdirectora administrativa Altagracia Guill?n Calzado, as? como de Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y el exasesor Miguel Jos? Moya.
Los imputados del Caso Medusa enfrentan cargos criminales por coalici?n de funcionarios, prevaricaci?n, asociaci?n de malhechores y estafa contra el Estado. Tambi?n, por sobornos, cr?menes y delitos de alta tecnolog?a y lavado de activos.
En este caso el Ministerio P?blico present? una acusaci?n mediante un voluminoso expediente de 12,274 p?ginas, acompa?ado de m?s de 3,500 pruebas, incluyendo m?s de 400 testigos. La acusaci?n fue presentada contra 41 personas f?sicas y 22 empresas.
