Más de 4,000 mujeres participaron en encuesta de condición social y jurídica de féminas en el país

Más de 4,000 mujeres participaron en la Encuesta Nacional sobre la Condición Social y Jurídica de las Mujeres Dominicanas, y en espacios de diálogo participativo orientados a identificar barreras estructurales y propuestas concretas para garantizar sistemas de justicia inclusivos y libres de discriminación.

Esto como parte del Proceso Nacional de Consultas para la Elaboración del Informe País que presentará la República Dominicana en la 70ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70), a celebrarse en 2026.

Estas consultas fueron realizadas por El Ministerio de la Mujer, con el acompañamiento del Sistema de las Naciones Unidas en la República Dominicana y el apoyo de la Embajada del Reino Unido en el país.

Asimismo, como parte de la metodología, se realizaron 31 consultas provinciales en coordinación con las gobernaciones, lo que permitió recoger aportes desde distintos territorios y sectores a través de una encuesta nacional de percepción. En estos espacios participaron representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, gobiernos locales, sector privado, academia, organizaciones de la sociedad civil y grupos comunitarios.

Los insumos recogidos serán sistematizados y validados en un evento nacional posterior, y servirán de base para la elaboración del Informe País que la República Dominicana presentará ante la CSW70, contribuyendo además al fortalecimiento del diálogo interinstitucional y la corresponsabilidad entre actores estatales y no estatales.

En el acto de cierre, la ministra del Ministerio de la Mujer, Gloria Reyes, subrayó la importancia de que el informe país esté sustentado en las voces y realidades de las mujeres en los territorios, como base para fortalecer las políticas públicas.

“Estamos construyendo una posición país que refleje nuestros avances, pero también los desafíos estructurales que debemos enfrentar para garantizar acceso a la justicia, autonomía económica y una vida libre de violencia para todas las dominicanas”, agregó Reyes.

Por su parte, la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en la República Dominicana, Julia del Carmen Sánchez, destacó que “este tipo de liderazgo por parte del Gobierno es fundamental para que el país avance hacia un modelo de desarrollo cada vez más coherente, transparente y orientada al impacto; un modelo inclusivo que refleje las necesidades y los anhelos de las personas, y de espacios de escucha de la ciudadanía”.

En representación del Reino Unido, la Embajadora de Su Majestad Británica, doctora Carol van der Walt, reiteró su respaldo a este proceso nacional. Al respecto, destacó que “Para el Reino Unido, abordar este tema es una prioridad absoluta de nuestra política exterior. Estamos convencidos de que no puede existir paz, seguridad ni prosperidad sostenible si las mujeres no pueden vivir libres de violencia y miedo, y somos aliados de la República Dominicana en esta lucha, dispuestos a escuchar, aprender y acompañar al país en su camino hacia un futuro más seguro e igualitario."

La consulta forma parte de un ejercicio multisectorial, participativo y territorial que busca recoger aportes estratégicos, evidencias y experiencias de instituciones públicas, sociedad civil, academia, sector privado y organismos internacionales, con el fin de reflejar de manera plural los avances, brechas y desafíos del país en materia de acceso a la justicia, participación política, sistemas de cuidados y eliminación de la violencia contra las mujeres.

Sobre la CSW70

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), órgano funcional del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), constituye el principal espacio intergubernamental para la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a nivel global.

Para la CSW70, el tema prioritario de 2026 se centra en garantizar y fortalecer el acceso a la justicia para todas las mujeres y las niñas, mediante la promoción de sistemas jurídicos inclusivos y equitativos, la eliminación de leyes, políticas y prácticas discriminatorias, y el abordaje de las barreras estructurales que limitan el ejercicio pleno de sus derechos.