Las c?pulas PRM y PLD tendr?n ?ltima palabra en la reforma electoral

The content originally appeared on: El Dia

El ambiente y la distancia parecer?an variables alineadas para que en la actual coyuntura pueda materializarse la necesaria reforma electoral en una Rep?blica Dominicana cuya Constituci?n pol?tica la define como un Estado social y democr?tico de derecho.

El marco jur?dico de los sistemas pol?tico y electoral est? conformado, fundamentalmente, adem?s de la Constituci?n de la Rep?blica, por las leyes 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Pol?ticos, y la 15-19 de Org?nica del R?gimen Electoral; as? como las tambi?n normativas org?nicas 29-11 y 137-11 que crearon el Tribunal Superior Electoral (TSE) y el Tribunal Constitucional (TC).

La variable ambiente, porque el panorama pol?tico a?n luce relativamente distendido para la discusi?n de la reforma electoral, a excepci?n del predicamento del Partido de la Liberaci?n Dominicana (PLD), en el sentido de que el oficialista Revolucionario Moderno (PRM) lleva a cabo acciones anticorrupci?n selectivas con el prop?sito de da?ar la imagen de esa organizaci?n y, en particular, la figura de su l?der indiscutido, Danilo Medina.

Y la variable distancia, en virtud de que las venideras elecciones municipales, congresuales y presidenciales est?n colocadas a m?s de dos a?os, lo que posibilitar?a que el Congreso Nacional u otros escenarios de discusi?n puedan tomarse su tiempo antes de tomar una posici?n final y puede adecuarse, sin prisa, a la realidad pol?tica del a?o 2024.

Leyes deficientes
A pesar de que el Congreso Nacional tard? casi dos d?cadas para la aprobaci?n de las leyes de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Pol?ticos y la de reforma del R?gimen Electoral, al final resultaron con deficiencias que no se corresponden con el nivel de avance democr?tico experimentado por el pa?s.

Lo anterior ha quedado demostrado en m?s de una decena de declaratorias de inconstitucionalidad de parte del TC y del TSE, que ponen de manifiesto la necesidad de una reforma de las referidas legislaciones.

Ambos tribunales se han pronunciado a trav?s de sentencias derogatorias de una buena cantidad de articulados, principalmente de la Ley 33-18, que re??an entre s? o contrariaban la Constituci?n de la Rep?blica, que establece, en su principio de supremac?a, que resultan nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resoluci?n, reglamento o acto contrario a la misma.

Sentencias contra 33-18
TC/0092-19. Trata sobre el art?culo 44 atinente a la propaganda prohibida en el periodo de precampa?a, en la cual se pronuncia en contra del numeral 6 respecto a los mensajes negativos que lo hac?a con posibles sanciones sobre Cr?menes y Delitos de Alta Tecnolog?a. Declar? la inconstitucionalidad de varios numerales y del art?culo 44.

TC/0441/19. Declara la inconstitucionalidad de los art?culos 25, ac?pite 12; 43; 44, p?rrafo III; y 49, ac?pite 4; asimismo en su numeral cuarto. Aborda el tema del transfuguismo pol?tico.

TC/0214/19. Declara inconstitucional el p?rrafo III del art?culo 45 en tanto que daba facultad exclusiva y plena a los altos organismos de las agrupaciones pol?ticas para decidir el tipo de registro de electores o el padr?n a utilizar en el proceso de selecci?n de candidatos o candidatas, por lo tanto, se?ala que la competencia era Comit? Central, Comisi?n Ejecutiva, Comisi?n Pol?tica, Comit? Central o el equivalente, lo cual inclu?a que ten?a la facultad para decidir la modalidad y el m?todo a utilizar. En consecuencia, la sentencia dict?: ?Que ser? aquel o aquellos organismos que se?alen los estatutos de las formaciones pol?ticas?.

TSE-100-2019. La misma toca el art?culo 49.4 de la Ley 33-18, y el 134 de la Ley 15-19, que atendiendo una demanda en nulidad de la Resoluci?n Numero 4 de la Convenci?n Nacional Electoral del Partido de los Trabajadores (PTD), en la cual se excluy? a la JCE en su condici?n de codemandada en dicha acci?n, en raz?n de que se trataba de un conflicto intrapartidarios (…), por lo tanto en el numeral cuarto dicha sentencia declara inaplicables a la soluci?n del presente proceso dichos art?culos (49.4 y 134 de las normativas invocadas, por desconocer estos lo previsto en los art?culos 22.1, 74.2 y 123 de la Constituci?n, “porque dichas disposiciones legales y reglamentarias imponen requisitos no exigidos en la carta magna por ostentar una candidatura a un proceso de elecci?n popular.

Por lo tanto, taxativamente, en numeral quinto de dicha sentencia, el codemandado Leonel Fern?ndez no tiene ning?n impedimento constitucional ni legal para ostentar una candidatura a un puesto de elecci?n popular con miras a las elecciones del 2020″.

TSE/027-2019. Trata sobre una acci?n en nulidad parcial el 5 de julio de 2019, incoada por el se?or Fidel Alberto Tav?rez contra las reservas de candidaturas realizadas por el PRM.

El TSE declar? sin valor ni efecto jur?dico las reservas de candidaturas para el nivel senatorial depositadas por la referida organizaci?n en la Junta Central Electoral el 22 de junio de 2019, por violaci?n al principio de democracia interna previsto en el art?culo 216 de la Constituci?n e inobservancia de los art?culos 57 y 58 de la Ley n?m. 33-18 y el art?culo 21 del Estatuto de dicho partido.

Sentencias contra 15-19
Sentencia del TC. Declara la nulidad por inconstitucional del art?culo 284, numeral 18 de la Ley 15-19, que penalizaba con 10 a?os de prisi?n la difamaci?n. Tom? la decisi?n en atenci?n a un recurso elevado por la Fundaci?n Prensa y Derecho, argumentando que la legislaci?n es violatoria de la libertad de expresi?n y concede privilegios a los pol?ticos en el pa?s.

La Fundaci?n Prensa y Derecho, Inc., impugn? en inconstitucionalidad el referido art?culo, sobre la base de que dicha disposici?n legal al imponer penas privativas de libertad por compartir propaganda que afecta a un candidato, desnaturaliza el ejercicio al libre acceso a la informaci?n, y limita irrazonable y desproporcionadamente la libertad de expresi?n y difusi?n del pensamiento.

Sentencia del TSE. Declara inconstitucional el art?culo 145 de la Ley 15-19, respecto a que las resoluciones de la JCE sobre propuestas de candidaturas ?nicamente podr?n ser recurridas en revisi?n por ese ?rgano.

Sentencia TC. Anula la facultad del TSE para conocer los denominados delitos y cr?menes electorales, atribuciones que reconoce a los tribunales penales ordinarios.

Esta sentencia, de la cual solo se ha publicado su dispositivo, el Tribunal Constitucional se?ala que el imputado tiene el derecho de que sus casos sobre acusaciones por delitos y cr?menes electorales sean conocidos por el juez natural de la persona.

Con esa decisi?n deja sin efecto esa atribuci?n que la Ley sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Pol?ticos confer?a al Tribunal Superior Electoral, lo cual representa otra declaratoria de inconstitucionalidad que afecta a esta legislaci?n aprobada en agosto del 2018.

El recurso fue interpuesto ante el Tribunal Constitucional por Edwin I. Grandel en contra de la facultad para conocer delitos electorales que le confieren al Tribunal Superior Electoral las leyes 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Pol?ticos; la 15-19, Org?nica del R?gimen Electoral de febrero de 2019 y resoluciones del Tribunal Superior Electoral sobre su aspecto contencioso.

Diversidad

— Muchos intereses
La diversidad de intereses entre los que conforman el ?rgano de rango constitucional lo convertir?a en un escenario est?ril para acuerdos. Tampoco parece la JCE, ?rgano que el PLD lo mantiene en observaci?n.

Debates CES, partidos JCE son inadecuados
Potestad. Aunque existe un panorama distendido y el tiempo para ajustar los eventuales nuevos cambios normativos, al final ser?n las c?pulas de los partidos pol?ticos las que tendr?n la ?ltima palabra en ese sentido.

En el contexto anterior, de manera particular perremistas y pelede?stas trazar?n el camino, al margen del CES y de la propia JCE, ?rgano rector en la organizaci?n de los procesos electorales.

La pr?ctica ha demostrado que las ?lites pol?ticas dominicanas han preferido los marcos jur?dicos obsoletos, motivado a que les facilitan el control de las estructuras partidarias. Aunque el CES, JCE y partidos iniciaron debates para reformar esas leyes, resulta evidente que, por la multiplicidad de actores, no es el adecuado.