La ética administrativa y el laberinto judicial con funcionarios del actual Gobierno

Desde el ascenso al poder del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en 2020, bajo la bandera del "Cambio" y la transparencia, la administración ha enfrentado una serie de turbulencias debido a presuntos actos de corrupción administrativa.

Lo que comenzó con casos aislados de funcionarios de alto perfil, ha evolucionado hacia una compleja red de investigaciones que abarcan desde el tráfico de influencias hasta operaciones de narcotráfico, seguridad nacional y social, como el reciente y sonado caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Mientras algunos de estos procesos han concluido en descargos judiciales, otros permanecen en fases críticas de instrucción, poniendo a prueba la promesa de "justicia independiente" que ha sido el eje central del discurso del gobierno actual.

El inicio de la gestión del presidente Luis Abinader fue sacudido rápidamente por cuestionamientos sobre el patrimonio y la ética en la función pública.

Varios funcionarios han sido destituidos administrativamente, interrogados e investigados, sin que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) logre, en muchos de estos casos, presentar acusación.

Según registros recientes de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), se han remitido más de 300 expedientes de diversas jerarquías al Ministerio Público para investigación desde 2020 hasta la fecha. Esto refleja una política de "puertas abiertas" para las auditorías, aunque con resultados judiciales mixtos.

Cuando el presidente Abinader asumió el poder en 2020, su promesa de una "Procuraduría Independiente" se convirtió en la piedra angular de su capital político. 

Tras seis años de gestión, el balance de los casos que involucran a sus propios funcionarios revela una realidad agridulce: mientras la sanción administrativa (la destitución) funciona con una rapidez quirúrgica, la sanción penal (la condena) parece atrapada en los laberintos del viejo sistema procesal.

El patrón ha sido consistente: ante cualquier ruido mediático o informe de la DIGEIG, el Ejecutivo ha optado por el cese inmediato. Desde Kimberly Taveras hasta el reciente caso en el ITLA, la señal es clara: "En este gobierno no hay vacas sagradas".

Sin embargo, la sociedad dominicana empieza a preguntarse si la destitución es un castigo suficiente o simplemente una forma de "sacar el problema de la vista pública" mientras algunos expedientes se enfrían en los archivos de la PEPCA.

Kimberly Taveras, primera titular del Ministerio de la Juventud designada por Abinader, se convirtió en el primer gran golpe a la imagen del tren gubernamental.

Tras una investigación periodística sobre su declaración jurada, renunció al cargo, posición que ocupó desde el 16 de agosto de 2020 hasta el 9 de diciembre.

El ministerio público aún mantiene bajo la lupa sus contratos previos con ayuntamientos.

Mientras que Luz del Alba Jiménez, sucesora de Taveras, fue destituida por presuntas irregularidades en procesos de compras tecnológicas, tras denuncias de la DIGEIG.

Desde el 9 de diciembre de 2020 hasta el 5 de diciembre de 2021 fue ministra de la Juventud, tras ser nombrada por el presidente Abinader mediante el decreto número 694-20 y posicionada el 14 de diciembre del mismo año.

Operación 13

Luis Maisichell Dicent, administrador de la Lotería Nacional, fue el primer director de alto nivel procesado judicialmente por un fraude sin precedentes en un sorteo televisado.

Aunque posteriormente fue descargado y confirmada la decisión por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, tras una sentencia inicial, el caso sigue siendo un referente de la vulnerabilidad institucional.

El año 2021 año se caracterizó por la reiteración de faltas en sectores específicos y el crimen organizado en la política, como ocurrió con la Operación Falcón, que implicó el arresto de funcionarios como Juan Maldonado Castro (Comunidad Digna) y salpicó a varios legisladores oficialistas por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Entre ellos, el exdiputado Héctor Feliz (Pirrín), representante de Pedernales; la exdiputada Faustina Guerrero Cabrera, de El Seibo, y el exdiputado Nelson Rafael Marmolejos Gil, para lo cual fue designado un juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, como control de las investigaciones que lleva a cabo el ministerio público.

2022 - 2023: Denuncias administrativas de alto perfil

Caso Roberto Fulcar (MINERD)

Tras su salida del Ministerio de Educación, se depositaron denuncias sobre la licitación de libros digitales y otros procesos. El expediente se encuentra en manos de los fiscales de la PEPCA.

Caso Adán Peguero (Inposdom)

Fue interrogado en múltiples ocasiones por la PEPCA debido a denuncias de irregularidades en contratos con la empresa Mia Cargo. Resultó suspendido y posteriormente destituido.

Caso Neney Cabrera (PROPEEP)

Investigado tras el escándalo del programa "Pinta tu Barrio", donde se denunciaron irregularidades en la adjudicación de contratos a empresas presuntamente inexistentes. Cabrera renunció tras los cuestionamientos.

Mérido Torres (Titulación de Terrenos)

Solicitó licencia y fue investigado tras ser mencionado en el expediente de la Operación Calamar (aunque este caso principal involucra a la gestión anterior, su mención generó una investigación administrativa interna).

Acuario Nacional

Su exdirectora Caso Adán Peguero (Inposdom) fue remitida a investigación tras auditorías que revelaron mala administración y faltas éticas graves.

Lisandro Macarrulla

El ministro de la Presidencia primero solicitó licencia y luego renunció al cargo. Esto, tras la vinculación indirecta de su hijo en el caso de corrupción administrativa denominado Operación Medusa.

Caso Inabie

Víctor Castro, destituido como director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), en medio de un escándalo por presuntas irregularidades en procesos de contratación relacionados con la alimentación escolar y la compra de útiles.

Cecilio Rodríguez, también separado del Inabie, por supuestas irregularidades en la adjudicación de raciones escolares.

Desfalco en Agricultura

En este caso fueron vinculados Julio Enrique Domínguez Solano y Antonio José Paredes, quienes fueron condenados a tres años de prisión, tras ser hallados culpables de malversar fondos por más de tres millones 800 mil pesos en el Ministerio de Agricultura, mediante transferencias ilícitas, utilizando el usuario de NetBanking, que estaba asignado al Viceministerio Administrativo y Financiero del Ministerio de Agricultura, en los años 2021 y 2022. 

Paredes Elizondo, colaboró con el Ministerio Público y admitió los hechos en el tribunal.

El Caso Camaleón

El escándalo de la red de semáforos, que involucra a Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y del empresario Jochi Gómez, propietario de la empresa Transcore Latam.

Las acusaciones de irregularidades en un contrato de modernización tecnológica han puesto en tela de juicio los controles de Compras y Contrataciones en sectores estratégicos.

A finales de 2025, el Ministerio Público presentó acusación formal por corrupción, terrorismo tecnológico y estafa, el caso se encuentra en juicio preliminar.

Caso Santiago Hazim (Senasa)

Investigado hacia finales de 2025 por supuestos manejos irregulares en la administración de seguros de salud, incluyendo deudas millonarias y déficit en la entidad.

En la actualidad se encuentra cumpliendo prisión preventiva junto a seis de sus colaboradores cercanos, mientras que otros tres se encuentran bajo arresto domiciliario luego de conocerse medida de coerción en su contra.

Caso ITLA

Rafael Félix, recientemente destituido en enero de 2026. Se han reportado denuncias sobre supuestos descuentos irregulares a los salarios de empleados, lo que ha generado un nuevo expediente bajo revisión de la Dirección de Ética para su posible envío a la Procuraduría General de la República.

La Cámara de Cuentas ha sido, históricamente, el "cuello de botella" de la justicia dominicana.

Sin informes periciales robustos, el Ministerio Público se presenta ante los jueces con narrativas poderosas pero con pruebas documentales que los abogados defensores logran desmantelar con facilidad.