Juez dispone inmovilización de bienes de los hermanos Espaillat por hasta 500 millones de pesos

El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, en el auto de apertura a juicio en contra de Antonio y Maribel Espaillat, dispuso la inmovilización de los bienes por un monto hasta los 500 millones de pesos.

El tribunal aceptó la inclusión de los terceros civilmente demandados y sus elementos probatorios.

Entre las entidades y personas físicas señaladas se encuentran Inversiones NLS, S.R.L, Radio Cadena Comercial, S.R.L, difusora El Hemisferio, S.R.L, inversiones CCP2, S.A, Evelyn López y Grecia López.

Durante la lectura del fallo, el tribunal declaró admisibles las querellas y constituciones en actores civiles que cumplieron con los requisitos legales, enviando sus respectivos medios de prueba a la fase de juicio para su debida valoración.

El magistrado Raymundo Mejía admitió en su totalidad la acusación y las pruebas presentadas por el Ministerio Público (testimoniales, periciales, documentales y materiales), así como las pruebas de la defensa, al considerar que cumplen con los criterios de legalidad, pertinencia y utilidad.

Medidas de coerción y millonario embargo conservatorio

En el aspecto de la medida cautelar, el tribunal decidió mantener las medidas de coerción vigentes contra los encartados, por considerarlas proporcionales y suficientes para garantizar su presencia en el proceso. Estas consisten en una garantía económica de 50 millones de pesos a cada uno, impedimento de salida del país, presentación periódica los días 30 de cada mes.

De igual forma, el juez ratificó las órdenes de inmovilización de fondos y secuestro de bienes previamente dictadas contra los imputados.

Como novedad para asegurar la eventual reparación de los daños y perjuicios, el tribunal acogió la solicitud de medidas conservatorias, imponiendo un embargo conservatorio y retentivo, así como la inscripción de hipotecas judiciales sobre los bienes muebles, inmuebles, activos y valores tanto de los imputados como de las empresas y terceros civilmente demandados.

El tribunal ordenó la remisión inmediata del expediente completo al tribunal de juicio correspondiente.

Las partes de este proceso quedaron formalmente convocadas a comparecer ante dicho tribunal de juicio en un plazo de cinco días a partir de la entrega íntegra del fallo para hacer valer sus derechos, momento en el cual también comenzarán a correr los plazos legales correspondientes.