SANTO DOMINGO.-El juez del S?ptimo Juzgado de la Instrucci?n del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, autoriz? este mi?rcoles el embargo de 445 millones de pesos a favor del Estado y en el caso de corrupci?n seguido a Juan Alexis Medina S?nchez, Carmen Magalys Medina S?nchez, Fernando Rosa Rosa, Lorenzo Wilfredo Hidalgo N??ez y otros.
A trav?s del Equipo de Recuperaci?n del Patrimonio P?blico (ERPP), apoderado por el Poder Ejecutivo para recuperar los bienes p?blicos en manos de particulares, el Estado Dominicano considera que se abri? un nuevo cap?tulo en la lucha contra la corrupci?n administrativa debido a que por primera vez en procesos judiciales de esta naturaleza se ha emitido una decisi?n que embarga bienes y recursos econ?micos para garantizar la indemnizaci?n a favor del Estado.
El juez dijo que independientemente de que existan garant?a econ?mica de 60 millones o 20 millones dispuestas como medida de coerci?n a algunos imputados, as? como secuestro de bienes por parte del Ministerio P?blico de cara al hipot?tico decomiso, la coerci?n real tiene un fin espec?fico: retener los fondos para la hipot?tica indemnizaci?n del Estado como actor civil.
“Vemos este caso como un proceso hist?rico en la lucha contra la corrupci?n y la impunidad en la Rep?blica Dominicana. Donde se apertura un nuevo camino, donde el Estado dominicano no solo requiere una pena ejemplar para quienes violan la ley contra el patrimonio p?blico sino que en adici?n a eso persigue que sea indemnizado el Estado como consecuencia de las acciones il?citas que se cometieron en perjuicio de todos los dominicanos y las dominicanas”, afirm? Jorge L?pez Hilario en representaci?n del ERPP.
“Por primera vez en un caso penal por corrupci?n, el juez acogi? nuestra teor?a f?ctica de que se conform? un conjunto econ?mico y dispuso medidas de coerci?n real para garantizar la eventual indemnizaci?n que acuerde el juez de fondo”, puntualiz?.
L?pez Hilario aclar? que estos montos se?alados por el juez no son los que corresponden a la indemnizaci?n que pide el Estado, sino la autorizaci?n para trabar la medida.Se recuerda que el Estado solicita una indemnizaci?n por m?s de 23 mil millones de pesos por los hechos il?citos en que han incurrido los implicados en la red de corrupci?n que estaf? al Estado dominicano.
En su decisi?n el juez admiti? como parte civil constituida al Estado Dominicano, representada por el Equipo de Recuperaci?n de Patrimonio P?blico (ERPP) mediante Decreto n?m. 22-21, reconociendo su calidad de v?ctima y la facultad que tiene para intervenir en el proceso en tal condici?n.
Esta es la primera decisi?n en el pa?s que, en materia de corrupci?n, acoge el pedimento de declaratoria de conjunto econ?mico, que fue realizada por el Estado Dominicano.
El magistrado se?al? que las empresas y los imputados acusados, seg?n las pruebas aportadas, funcionaban bajo el control de una misma persona o grupo de personas bajo la coordinaci?n y subordinaci?n del principal acusado en el caso Juan Alexis Medina S?nchez, con un claro objetivo en com?n.
