Imputados del caso Iguana enfrentan cargos por secuestro y otros delitos

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INDEPENDENCIA.- El Ministerio Publico destaco este miercoles la fortaleza de la investigacion que lleva a cabo por trafico de inmigrantes en el Caso Iguana y aseguro que cuenta con suficientes elementos probatorios que le permitiran obtener las medidas de coercion solicitadas contra los siete involucrados, quienes tambien estan imputados de secuestro.

El organo de la persecucion penal solicita la imposicion de prision preventiva y que se declare complejo el proceso seguido contra los imputados Roberto Mendez Perez, coordinador de control en el puesto fronterizo en Jimani, de la Direccion General de Migracion, y el inspector Johan Rosario Castillo, asi como de Quelinton Eduardo Volquez Guzman, Delson Manuel Medina Diaz, Dominga Guzman, Deivi Nova Reyes y Juan Mateo Feliciano (Yefo).

La fiscal Belkis Ulloa, de la Procuraduria Especializada Contra el Trafico Ilicito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), califico de graves los hechos cometidos por los imputados como parte de sus actividades en la estructura criminal.

Dijo que el Ministerio Publico viene realizando la investigacion desde diciembre pasado, a proposito de acciones delictivas, entre las que se advierte hasta hechos de secuestro en perjuicio de nacionales cubanos.

“Se les acusa de la comision de varios ilicitos penales, entre ellos, el trafico ilicito de migrantes, delitos asociados a la corrupcion administrativa, asi como tambien delitos de secuestro, porte y tenencia ilegal de armas de fuego, entre otros delitos que ya se han establecido en la solicitud de medida de coercion que el Ministerio Publico ha presentado en contra de los imputados”, manifesto a periodistas que la abordaron luego de que el Juzgado de la Instruccion de Jimani, provincia Independencia, aplazara el conocimiento de la coercion para el proximo miercoles.

“Se trata de una estructura de criminalidad organizada, dedicada a la comision de estos actos ilicitos, de manera reiterada, de acuerdo a las evidencias que se han ido recolectando en el curso de la investigacion que hemos estado realizando”, anadio la fiscal de la PETT.

En sus respuestas a la prensa sobre el proceso, destaco que la que desarrolla el Ministerio Publico es una investigacion fuerte, que cuenta con elementos de pruebas que le permitiran acreditar los hechos que han estado presentando en la imputacion formulada en la solicitud de medida de coercion.

“Entendemos que nosotros llevamos razon en relacion a la solicitud de medidas de coercion que estamos solicitando en contra de los imputados de que se trata. Son hechos muy graves los cometidos por los imputados como parte de una estructura de criminalidad organizada y a la cual el Ministerio Publico tiene la intencion de poder desmantelar al igual que cualquier otra estructura que pueda estar operando en esta zona”, enfatizo.

Ulloa sostuvo que el organo de la acusacion busca contribuir a evitar que hechos como los senalados se sigan materializando de manera asidua y ademas romper con la tendencia de normalizacion del delito del trafico ilicito de migrantes en esta jurisdiccion.

Mientras ofrecia los detalles del caso, explico que los encartados incurrieron en el acto de secuestro en perjuicio de cuatro nacionales cubanas, entre ellas, dos adultas y dos menores de edad, hechos en los que intervinieron no solo los imputados que forman parte de la Direccion General de Migracion, sino tambien los demas integrantes de la estructura.

“Hay dos de las personas investigadas que materializaron un trafico ilicito en principio en contra de esas nacionales cubanas; luego llegaron a poder de los miembros de la Direccion General de Migracion, y ellos facilitaron su llegada a otra estructura, digamos los demas miembros de la estructura de criminalidad organizada, para entonces poder facilitar nuevamente el trafico ilicito de migrantes de los mismos y poder obtener beneficio economico que le estaban requiriendo en todo momento a los nacionales cubanos”, expuso.

Respecto a las victimas, dijo que se encuentran en Republica Dominicana y que estan al alcance del Ministerio Publico.

“Ellos, como victimas, estan al alcance de nosotros; se encuentran en el pais. Son migrantes irregulares y la ley no establece sanciones en relacion a ellos, sino sanciones administrativas; sin embargo, como nosotros tenemos esta investigacion, necesitamos tenerlos al alcance del Ministerio Publico”, dijo al responder una pregunta en torno a las implicaciones legales para las victimas.

En ese sentido, explico: “La unica sancion administrativa que les puede sobrevenir es la deportacion; sin embargo, esta retenida para nosotros poder avanzar en la investigacion”.

Ulloa preciso que la investigacion todavia se encuentra en desarrollo. “Nosotros, desde diciembre, le estamos dando seguimiento a la presente investigacion; sin embargo, teniamos que realizarla de manera precavida para poder llegar a este punto, tomando en cuenta que hay funcionarios involucrados, entre ellos, los que nosotros estamos presentando a la accion de la justicia”, refirio.

En la audiencia, la fiscal Belkis Ulloa represento al Ministerio Publico junto a Wendy Gonzalez, procuradora general titular de la Procuraduria Regional de Barahona; Aleika Almonte, tambien de la PETT, y Alexis Pina y Yoneivy Gonzalez, de la Procuraduria Especializada de Persecucion de la Corrupcion Administrativa (Pepca).

La PETT, bajo la direccion de la procuradora general de corte Yoanna Bejaran, puso en marcha el pasado 16 de marzo la Operacion Iguana, con la ejecucion simultanea de nueve allanamientos practicados en municipios de las provincias Independencia, Bahoruco y Pedernales.

Las pesquisas llevaron al arresto de los involucrados y a la ocupacion de evidencias que incluyen siete vehiculos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, aproximadamente 116 mil pesos y 383 dolares, cientos de documentos y un arma de fuego, calibre 9 milimetros, Fab 92.

El Ministerio Publico solicito la imposicion de medida de coercion en contra de los imputados, a traves de la PETT, la Pepca y la Procuraduria Regional de Barahona.

Sera el proximo miercoles 30 de marzo, a partir de las 10:00 de la manana, cuando el juez de la Instruccion de Jimani, Paco Terrero Perez, conozca la medida de coercion a los encartados.

La fiscal Belkis Ulloa dijo que la audiencia fue aplazada a solicitud de la defensa, que pidio mas tiempo para conocer el expediente, y destaco que el Ministerio Publico esta listo y dispuesto para conocerla.