FJT presenta ante el Senado propuesta de referendo consultivo para eliminar AFP y ARS

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SANTO DOMINGO.-La Fundacion Justicia y Justicia y Transparencia (FJT), deposito por ante el Senado de la Republica una propuesta de ley para la realizacion de un referendo consultivo, sobre la pertinencia de eliminar la intermediacion de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y Administradoras de Riesgo de Salud (ARS),.

Dicha propuesta para dejar en consecuencia a cargo del estado dominicano, todo lo relativo a la administracion, gestion y desarrollo del referido sistema, basicamente en atencion a su rol esencial y constitucional de protector de los derechos fundamentales.

El senador Victoria Yeb, al recibir la propuesta de manos de Trajano Potentini y Cesar Noboa Valenzuela, directivos de Justicia Transparencia, definio el Senado de la Republica, como una puerta de la democracia, tras comprometerse a evaluar la propuesta y canalizarla por la via institucional, ademas de socializarla con sus pares, para verificar la viabilidad de la misma.

Para la entidad civica la seguridad social en su conjunto, ha devenido en choques, discusiones, inconformidades y diferencias insalvables entre los dominicanos, haciendose en consecuencia necesario, el recurrir a los instrumentos democraticos (Referendo para consultas populares, articulo 210 constitucional), que preve la Carta Magna, como unica y salomonica alternativa de zanjar las diferencias y dotar al pais de un esquema que en manos del estado garantice la aspiracion mas sentida que pueda tener cualquier ser humano, esto asi para referirnos a la dignidad, calidad de y un futuro tranquilo y seguro.

El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, entiende que el referendo como mecanismo de participacion popular, se constituye en un instrumento democratico de gran valia, unico e idoneo camino, para satisfacer y garantizar la decision de la mayoria, en un tema de tanta trascendencia e intereses encontrados, como lo seria la seguridad social y salud, ademas de su impacto social, precisando en consecuencia de una solucion, legal, legitima y democratica.

Para la FJT la Ley 87-01, que instituye el sistema de seguridad social de la Republica Dominicana, luego de mas de 20 anos de vigencia, ha puesto de manifiesto grandes falencias, debilidades e incongruencias, ameritando una revision profunda para su reencauzamiento y viabilidad, iniciando por las principales retrancas, que hoy por hoy, se han evidenciado en la fracasada intermediacion de las denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones y de Riesgos de Salud (AFP y ARS), conculcando ambas con su accionar, los derechos fundamentales de los dominicanos.

Potentini deploro que recientemente el pais desperto alarmado por la perdida de mas de 8 mil millones de pesos de los fondos de pensiones, en perjuicio del pueblo dominicano, con un manejo poco adecuado y negligente de las Administradoras de Fondos de Pensiones AFP, y lo peor aun con la inercia y falta de vigilancia de los organos reguladores, tales como; el Consejo Nacional de la Seguridad social (CNSS), la Superintendencia de Pensiones, (SIPEN), y la Direccion de Informacion y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA).

Asimismo lamentaron que luego de la referida perdida, se puso de manifiesto la inoperatividad y falla de las AFP y organos reguladores del sistema, al no informarles de lo sucedido a los cotizantes, teniendo el pais que enterarse a partir del reclamo de los ciudadanos, al verificar la merma y disminuciones, en sus estados de cuentas, con la agravante de una explicacion poco convincente, y lo mas perturbador aun, lo constituyo el poco convincente alegato de la Asociacion Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, que lo justifican por el cambio en el precio del dolar, sobre el peso dominicano, constituyendo todo ello un imperativo para la intervencion del congreso.

En opinion de Justicia y Transparencia las administradoras de fondos de pensiones, conjuntamente con las denominadas administradoras de riesgo de salud o ARS, se han erigido en barriles sin fondos e intermediarios despiadados, que solo persiguen el lucro, en detrimento de la calidad de vida y salud de los dominicanos, abonando con ello el terreno, para un estallido social.

<>, manifestaron.

El Organo competente. para la realizacion del referido referendo, ante la falta de una ley especial que establezca su procedimiento y por tratarse del ejercicio de una de las modalidades de sufragio, prevista en las asambleas electorales, articulo 208 de la constitucion, queda a cargo de la Junta Central Electoral (JCE).

Sobre los Plazos para su realizacion, correspondera a la Junta Central Electoral, luego de la promulgacion de la ley, el disponer de un plazo no mayor de 4 meses, para la organizacion y realizacion del referendo, periodo de tiempo durante el cual se completara el proceso, permitiendo un plazo minimo de 2 meses, para que los grupos interesados y afines con una de las posiciones, puedan realizar el proselitismo y las campanas de rigor, para motivar la participacion y concienciar a los adeptos de su causa o interes.

Como requisitos para su validez. Se preve que al referendo tendran que concurrir por lo menos el 30% de los electores inscritos en el padron electoral de la Junta Central Electoral, tomando la decision con la mitad mas uno de los votos validos emitidos, osea el 50% mas 1, los resultados obtenidos tendran un caracter vinculante para todos los poderes publicos.

En caso de que el referendo no alcance el quorum previsto para su validez, se declarara nulo, y la Junta Central Electoral remitira al Congreso Nacional la resolucion de nulidad, a los fines de que el Poder Legislativo renueve o deje sin efecto la realizacion de otro referendo.

De igual forma la boleta a utilizar para la consulta, sera disenada por la JCE, y tendra solo dos renglones, los cuales deberan ser contestados, con un SI o un NO, aprobando en un sentido, u otro, lo consultado.

De finalizar el referendo con un resultado valido, en cualquiera de las direcciones planteadas, correspondera tambien a la Junta Central Electoral, el comunicar al Congreso Nacional y a los demas Poderes Publicos, incluyendo las Altas Cortes, de los resultados, mediante resolucion oficial de su pleno.

Quedara a cargo del Poder Legislativo, la obligacion principal, de disponer de las medidas necesarias, para hacer cumplir los resultados del referendo, organizando su prevision y resultado en la ley de que se trate.

Finalmente en la referida propuesta, el Congreso Nacional, especializara los fondos y partidas presupuestarias necesarias para la realizacion del referendo, gravando de forma transitoria, con el porcentaje o fraccion de porcentaje proyectado de las ganancias de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), tomando en consideracion lo percibido por estas, en el ano anterior, y el presupuesto de los gastos previstos para su realizacion, por la Junta Central Electoral, previo levantamiento y diagnostico de sus departamentos correspondientes.