“Ethian” Vásquez tiene 43 días esperando ser extraditado hacia EE.UU. por acusación de narcotráfico

El pasado 26 de noviembre, el presidente Luis Abinader firmó el decreto que dispone la extradición del dominicano Esteffani José Vásquez Amarante, conocido como “Ethian”, a quien Estados Unidos acusa de haber traficado drogas en Puerto Rico.

En respuesta a la solicitud que realizó el pasado 27 de mayo la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia fue apoderada para conocer el caso el 4 de junio.

Vásquez Amarante optó por el “trámite simplificado”. De esta manera, aceptó ante los magistrados en una audiencia pública celebrada el pasado 18 de noviembre ser entregado de manera voluntaria a las autoridades estadounidenses.

43 días después, el acusado aún no ha salido del territorio dominicano, donde aún espera por el inicio del proceso judicial en el cual deberá responder por supuestamente participar en una “asociación delictuosa” con el objetivo de distribuir cinco kilogramos de cocaína o más, que posteriormente serían enviados a Estados Unidos.

Además, es señalado por tener complicidad con otras personas que “distribuyeron consciente e intencionalmente” narcóticos y, según alega la justicia de Estados Unidos, cometió lavado de activos. Las acciones antes mencionadas están representadas en el marco penal de ese país como delitos.  

Los organismos estadounidenses, según asegura la imputación judicial, pudieron identificar a Vásquez vendiendo drogas tras identificarlo intentando hacer un negocio en Puerto Rico con un agente federal de ese país.

El mismo día en que se firmó la extradición, el pasado 26 de noviembre, el presidente Abinader ordenó que el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), la Procuraduría General de la República (PGR) y Dirección General de Migración (DGM) fuesen comunicados “para su conocimiento y ejecución”.

No habrá pena de muerte

Eliminar la posibilidad de la pena de muerte en caso de comprobar la culpabilidad de Vásquez fue la única condición impuesta por la Presidencia dominicana al acceder a la petición de las autoridades estadounidenses.

La Carta Magna del Estado dominicano establece en el artículo 37 que no podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, este tipo de sanción como veredicto penal en un proceso judicial.

Cercanía con el Estado

Vásquez Amarante, al momento de su arresto, estaba casado con la diputada Jacqueline Fernández, del gobernante Partido Revolucionario Moderno. La reacción de la legisladora de la provincia La Romana consistió en desligarse de las denuncias emitidas por Estados Unidos contra su expareja, aclarando que estaban separados y habrían tomado “caminos distintos”.

Vásquez es hijo de José María Vázquez Montero, juez del Tribunal Superior de Tierras de El Seibo, quien, después de ser entrevistado el pasado 20 de noviembre por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), aprovechó la ocasión para responder las preguntas de los periodistas.

“Confiamos en la justicia norteamericana y él tiene que probar la inocencia que alega. Y si resulta culpable, que caiga sobre él todo el peso de la ley”, dijo al salir del encuentro con la mesa del CNM, encabezada por el mandatario Abinader.

No apoyarán narcotraficantes

“Nuestro gobierno ha dado muestra de que no hay impunidad, sobre todo del narcotráfico. No importa quién sea, si es culpable tiene que pagar”, dijo la vicepresidenta Raquel Peña el pasado 11 de noviembre al salir de una actividad religiosa en la iglesia Catedral Primada de América.

Además, dijo estar conscientes de que “tienen” que erradicar el narcotráfico en el interior del país debido al producido en la sociedad. 

“Realmente nosotros tenemos que erradicar el narcotráfico de Republica Dominicana", dijo Peña.

casos vinculados al PRM

Uno de los regidores que representa al PRM en el Distrito Nacional, Edickson Herrera Silvestre, admitió el pasado 6 de octubre su culpabilidad ante un tribunal del Distrito Sur de la Florida de haber traficado más de 376 kilogramos de cocaína desde las costas del territorio dominicano. También, el general retirado de la Policía Nacional, William Durán Jerez, confesó semanas después su colaboración en esa misma estructura.

Fabio Augusto Jorge-Puras, exasesor del Poder Ejecutivo en materia de zonas francas, también está siendo acusado por supuestamente tener una ruta marítima desde el año 2003 para traficar cocaína, comprada en Colombia y otros países de Suramérica, para enviarla a Estados Unidos.

Puras comparte el proceso judicial desarrollado en Estados Unidos con Gaspar Antonio Polanco-Virella, luego de que se entregaron voluntariamente a las autoridades de ese país. El exfuncionario del Gobierno de Abinader también era miembro del Concejo Administrativo del equipo dominicano de beisbol Águilas Cibaeñas, pero al revelarse este caso ante la opinión pública, decidió tomar una licencia temporal de sus responsabilidades.

El 3 de abril del pasado año, un representante en funciones del Congreso Nacional fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Miguel Gutiérrez, diputado del PRM en la provincia Santiago, envió entre 2014 y 2020 más de “5,000 kilogramos de una mezcla que contenía cocaína” desde República Dominicana, razón por la cual fue sentenciado a 16 años de prisión, por igual le fueron decomisados 21 millones de dólares.