Columnas

Daris Javier Cuevas, columnista en el periódico El Día.

Hablar del Estado en lo inmediato sugiere tener presente la sumatoria de la población de un país fruto de que las mismas tienen un alto grado de organización que responden de manera estructurada en cuanto a lo económico, social y político de tal suerte que descansan en un conjunto de instituciones con características independientes y soberana tendente a llevar una vida de sociedad de forma organizada y regulada. Esto significa que el Estado abarca el conjunto de los órganos públicos que responden a una institucionalidad que sirve de soporte a su funcionalidad e interacción con las aspiraciones de la población.

Bajo el enfoque planteado se interpreta que, intrínsecamente, el Estado tiene una dimensión jurídica y política dentro de un espacio físico denominado territorio donde cohabita un conglomerado de personas que se subordinan al poder que ostenta dicho Estado. Ese poder que irradia del Estado es lo que se denomina el poder político que incide u opera sobre la población en lo económico, político, social y cultural en un esquema de legitimación que se sustenta en un carácter jurídico predominante, esto es, una sociedad bajo el imperio de la Ley y el derecho.

Ahora bien, la capacidad de incidencia del Estado sobre la población, bajo los criterios del poder político, ha de construirse en la inteligencia del reconocimiento y aceptación de la población, la presencia de la institucionalidad con capacidad coercitiva y que la colectividad se sienta representada en las acciones del Estado. En adición, el Estado ha de operar en un territorio que se delimita frente a otros Estados donde prevalezca la soberanía y la autoridad de la Ley, con un gobierno que tiene la potestad de administrar el mismo por tiempo determinado en una Constitución y afianzada en la institucionalidad, así como en las normas jurídicas que la legitiman.

Es en tal contexto que el imperio de la Ley requiere la supremacía de la ley formal ante la ley material, es decir, la existencia de la jerarquía donde el instrumento legal creada por el poder legislativo ha de imponerse ante otra u otras normas emanada por el Estado, el poder legislativo, es decir, cualquier normativa de orden material. Es bajo estos criterios que surge la Constitución Política escrita, la cual se instituyó con la finalidad de garantizar la protección de los denominados derechos fundamentales de la ciudadanía, base primordial del Estado de Derecho.

Pero resulta que cuando se hace referencia al Estado de Derecho se especifica, fundamentalmente, al hecho de que todos los ciudadanos, así como las instituciones públicas, están condicionados y limitadas por las normas jurídicas y la Constitución.  Ese Estado de Derecho surge en el siglo XIX como una de las grandes hazañas de la humanidad ya que se convertía en lo adelante en el freno para el establecimiento de los regímenes dictatoriales, esto es, para aquellas pretensiones de mandar sin limitaciones o prohibiciones más allá de la voluntad del gobernante.

Es bajo esa premisa, la idea del Estado de Derecho desde su origen pretende hacer referencia al carácter a que la organización del Estado sea racional, donde exista el reconocimiento de los derechos elementales de la ciudadanía. Esto significa que predomine la libertad, igualdad y propiedad como un bien inherente al ser humano cuya garantía ha de estar bajo la responsabilidad del gobierno y la justicia donde haya un predominio de la ley anclada en el texto constitucional.

La principal señal de que se está frente a un Estado de derecho es que quienes ostentan el poder político de un país, sus acciones han de estar limitadas por la ley y la Constitución, las cuales contienen los elementos esenciales que limitan el poder del gobierno ante los ciudadanos y procuran las restricciones espaciales que facilitan el abuso de poder. Y ha de ser así ya que un Estado de Derecho presupone que la prohibición de la arbitrariedad y el poder ilimitado para actuar con desenfreno, lo que procura es evitar que se pueda encubar el oscurantismo en perjuicio de la mayoría, lo cual se traduce en un deterioro de la equidad, el equilibrio social y restricciones a libre expresión e imponiendo la opresión.

Si se parte de la premisa de que el Estado es una construcción general que impulsa y representa la organización de una nación cuyo cometido esencial es viabilizar el bienestar de la gente en sentido general, entonces, el gobierno ha de motorizar un clima donde predomine la libertad y la equidad. Tal actitud es lo que permite auspiciar las normas para que la economía transite por la senda del crecimiento y mejora en la distribución de los ingresos de los individuos, pues el autoritarismo, las restricciones a la libertad de expresión y manipular las cifras en nada contribuyen al dinamismo y sostenibilidad de la economía.