Envían a juicio de fondo a Johanna Madera por amenazas y extorsión contra comunicadores

La jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio en contra de Johanna del Carmen Madera García, tras ser acusada de extorsión, chantaje y amenazas de muerte contra los comunicadores de El Nuevo Diario, Jaime Rincón y Julio Samuel Sierra, así como en perjuicio de Karla Jessiel Fitch Berges, a quien le usurpó la identidad para cometer los delitos.

La magistrada Yanibet Rivas dispuso que la imputada, quien cumple tres años de prisión en la cárcel de Najayo por el mismo delito, responda en un juicio de fondo por los hechos que se le imputan.

El tribunal tomó la decisión, tras acoger en su totalidad las pruebas presentadas tanto por el Ministerio Público como por los abogados de las víctimas, doctores Richard Pujol y Cristofer Pérez, quienes habían pedido que se dictara auto de apertura a juicio en su contra.

Entre las evidencias admitidas se encuentran capturas de pantalla certificadas por el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) de la Policía Nacional, que contienen las fotografías, mensajes amenazantes, intentos de chantaje y extorsión dirigidos hacia los afectados.

Mientras que el abogado de la imputada, el defensir pùlico, Pascual Beltre, había pedido por el contrario que se dictara su favor un auto de no ha lugar por no haber cometido los hechos que se le atribuyen.

Al salir de la audiencia, el comunicador Rincón Rodríguez expresó su satisfacción con la decisión judicial y agradeció el constante respaldo de los medios de comunicación durante el dilatado proceso.

"La magistrada ha dictado auto de apertura a juicio; es decir, que la ciudadana Johanna Madera va a juicio de fondo por las imputaciones que nosotros, como víctimas en este proceso tanto Karla Fitch, mi compañero Julio Samuel Sierra y este servidor, Jaime Rincón, hemos presentado en nuestras querellas", puntualizó Rincón Rodríguez.

Asimismo, Rincón Rodríguez reafirmó su confianza en el sistema judicial dominicano y reiteró el compromiso de los afectados de seguir firmes en el proceso penal hasta que se dicte una sentencia definitiva.

Cabe destacar que las amenazas e intentos de coacción iniciaron luego de que los profesionales de la comunicación dieran cobertura periodística y difusión a denuncias públicas que vinculaban a la acusada con esquemas previos de acoso y usurpación de identidad.