Dictan apertura a juicio contra exsenador Rafael Calderón por el caso Calamar

El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio contra el exsenador Rafael Porfirio Calderón Martínez, tras considerar que halló elementos suficientes que lo vinculan con el esquema de corrupción administrativa desarticulado mediante la denominada "Operación Calamar".

La magistrada Sofía Bruno De Los Santos dispuso que el exlegislador por la provincia de Azua responda en un juicio de fondo, ante los cargos presentados por el Ministerio Público a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

Este proceso contra el excongresista se desarrolló de forma independiente, luego de que el tribunal ordenara la separación de su expediente del grupo principal de imputados debido a razones de salud que le aquejaban.

Argumentos de las partes

Durante la audiencia preliminar, el Ministerio Público, con el respaldo de la barra de abogados que representa al Estado dominicano, solicitó formalmente el envío a juicio, argumentando que cuentan con un robusto compendio probatorio que sustenta los graves hechos atribuidos al imputado.

En contraparte, la defensa técnica del exsenador, encabezada por el abogado Wilson Beriguete, solicitó el rechazo total de las pretensiones de los fiscales. La defensa requirió un auto de "no ha lugar", bajo la premisa de que Calderón no cometió los hechos que el órgano acusador le imputa.

Este caso se desprende de un expediente complejo que ha involucrado a altos exfuncionarios de la gestión del expresidente Danilo Medina.

Mientras figuras como el exministro de Hacienda, Ángel Donald Guerrero, han sido enviadas a juicio. Otros implicados, como el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, fueron exonerados de responsabilidad penal.

Según el expediente del Ministerio Público, Rafael Calderón formaba parte de un "holding criminal" que operaba bajo una estructura organizada para la expropiación irregular de terrenos y la distracción de fondos públicos, con el supuesto fin de financiar la campaña política del año 2020.

El órgano persecutor detalla que Calderón, aprovechando su cercanía con el entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, gestionaba la autorización de pagos por concepto de deuda administrativa de terrenos declarados de utilidad pública. Supuestamente, el exsenador exigía a los propietarios legítimos el pago de comisiones que oscilaban entre el 40 % y el 70 % de los fondos desembolsados por el Estado. Estos pagos se efectuaban mediante acuerdos transaccionales que, según la acusación, carecían de fundamentos legales y eran ejecutados exclusivamente para el pago de sobornos.

Lavado de activos

El Ministerio Público sostiene que, para ocultar el origen ilícito de los recursos, Calderón utilizó una red de prestanombres, incluyendo personas físicas como Baldemar Andriw Ovalle Sánchez, así como las empresas Miqui Trade, S.R.L. e Industria Misaqui, S.A., propiedad de Omar Manuel Miqui Arias.

Las investigaciones financieras del órgano acusador estiman que, a través de estas operaciones, el exsenador habría obtenido un beneficio ilícito ascendente a RD$ 165,297,166.71.