Defensa de “De Kolor”, implicada en caso Camaleón, solicita auto de no ha lugar

La defensa de la empresa De Kolor, SRL, solicitó al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictar un auto de no ha lugar en favor de su representada.

La petición se fundamenta en la supuesta insuficiencia probatoria y en irregularidades procesales cometidas por el Ministerio Público.

Los abogados Marino Feliz y Vicmary García plantearon ante la jueza Yanibet Rivas que la acusación carece de los elementos mínimos necesarios para sustentar un juicio de fondo. "Los elementos de prueba ofrecidos resultan insuficientes para fundamentar la acusación", señalaron los juristas, tras argumentar que los hechos imputados no se corresponden con la realidad de las operaciones de la empresa.

Asimismo, solicitaron al tribunal el libramiento de las pruebas materiales 7 y 8 de la acusación, referentes a la retención de dos cuentas bancarias en el Banco Múltiple BDI. Según Feliz y García, el Ministerio Público procedió a la inmovilización de dichos fondos de manera arbitraria.

"El órgano persecutor ha incautado estas cuentas sin contar con una resolución judicial que lo autorice, violando el debido proceso y los derechos fundamentales de nuestra representada", afirmaron.

De manera subsidiaria, plantearon que, en el hipotético caso de que el tribunal decida dictar apertura a juicio, se acojan íntegramente las pruebas y pretensiones probatorias presentadas por la defensa para demostrar la inocencia de la entidad.

"Sargazo acusatorio"

La defensa de De Kolor afirmó haber "desmontado el sargazo acusatorio" del Ministerio Público, calificando las imputaciones de lavado de activos como carentes de sustento jurídico y basadas únicamente en elementos referenciales.

Sostienen que el órgano persecutor intenta encuadrar conductas comerciales legítimas dentro del tipo penal de lavado de activos sin evidencias que lo respalden.

Según los representantes legales, la acusación no ha logrado presentar pruebas materiales que vinculen a la empresa o a sus filiales con actividades ilícitas.

La defensa enfatizó que la relación de la empresa con las entidades estatales se basó en un marco legal transparente.

Destacaron que el acuerdo comercial se ejecutó de manera ininterrumpida y conforme a la ley durante cinco años.

Aseguran que el contrato se cumplió a la "perfección", respetando cada una de las cláusulas establecidas.

Los abogados aclararon que las modificaciones contractuales (adendas) no fueron arbitrarias, sino que estuvieron estrictamente motivadas por el pliego de condiciones original que dio origen a los contratos.

Para los representantes de De Kolor, los argumentos del Ministerio Público se limitan a interpretaciones de procesos administrativos que no constituyen delitos.

"Son cuestiones demostrativas de una actividad comercial regular; no tienen nada que ver con la realidad o las conductas que se persiguen en el derecho penal", puntualizó la defensa técnica.