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Santo Domingo.– El consultor juridico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, aseguro este miercoles que bajo ningun concepto, la administracion del presidente Luis Abinader impondra una reforma a la Constitucion, ni ninguna otra de esta trascendencia, si no cuenta con la comprension y el aval de los actores politicos, sobre todo aquellos que tienen incidencia en el Congreso Nacional.

“El presidente Luis Abinader reitera que su apoyo, impulso y aprobacion a esta iniciativa se limitaran a lo aqui propuesto y que bajo ningun concepto y circunstancia sus objetivos tocaran otros temas”, informo Peralta Romero.

Al mismo tiempo, senalo, deja constancia, por su via, de la decision de tocar las puertas y las conciencias del liderazgo politico nacional, con el proposito de lograr un concurso de voluntades que permitan la materializacion de estas reformas.

Con la seguridad, agrego, de que con las mismas se lograra un pais mas democratico y transparente en el manejo de los fondos publicos y con un sistema de justicia mas eficaz.

El consultor juridico hablo al participar en la novena y ultima reunion de la Mesa Tematica de Transparencia e Institucionalidad, como parte de la convocatoria Presidencial del Dialogo, por las Reformas para el Fortalecimiento Institucional y la Gestion Eficiente del Estado, en el Consejo Economico y Social (CES).

“Hacemos este anuncio aqui hoy frente a los miembros de esta mesa que han participado en el dialogo sobre la reforma constitucional, para reafirmar ante ustedes nuestro compromiso con las conclusiones a que aqui se han arribado y con la esperanza de que esta sesion sea tan provechosa como las anteriores”, manifesto.

Peralta Romero reafirmo el convencimiento por parte del Poder Ejecutivo de que estas propuestas resultan ser oportunas, necesarias y trascendentes.

Entre estas reformas cito: lograr disminuir de mas de doscientos mil (200,000.00) ciudadanos exigidos para impulsar una iniciativa popular a solo veinticinco mil (25,000.00); la exigencia de la no militancia partidista como requisito para ser juez de las altas cortes.

Asimismo, el fortalecimiento interno y externo del control de los fondos publicos; la independencia real del Ministerio Publico, a traves de un mecanismo de designacion de su titular que sea mas democratico, o la exclusion del Ministerio Publico de la matricula del Consejo Nacional de la Magistratura.

“No obstante, no impulsaremos las mismas si no es por la via del consenso dado que este gobierno no se embarcara en acciones deleznables que contradigan las leyes preestablecidas y las normas eticas que deben regir la administracion publica”, afirmo.

No obstante tal conviccion, expuso, desde el primer dia el Poder Ejecutivo ha mostrado apertura para que, en el marco de este dialogo, la comunidad nacional presente sus observaciones, contrapropuestas y sugerencias adicionales, a traves de las distintas organizaciones politicas y sociales presentes.

“De hecho, asi hemos ido incorporando parte de las observaciones presentadas, como las relativas a la forma de destitucion de los jueces de las altas cortes que cometan faltas graves o a la consagracion constitucional, no asi legal, de la manera en que seria designado el Fiscal General de la Republica”, expreso.

El funcionario recordo que han tenido ocho reuniones previas, en las que han sometido a distintos niveles de discusion diversas propuestas normativas en el marco de la Convocatoria Presidencial del Dialogo.

“Como saben, hoy no solo terminamos con los trabajos de esta mesa, sino que tambien concluimos con esta fase del dialogo sobre la reforma constitucional, el cual ha sido ventilado en dos sesiones anteriores, en las fechas 2 de marzo y 4 de mayo”, comunico.

El consultor juridico insistio en que se trata de una iniciativa que el Poder Ejecutivo ha emprendido convencido de que cada una de las propuestas impactaran positivamente el regimen institucional de la Republica Dominicana.

Entre los participantes en la reunion figuran la directora de Etica e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch; el subconsultor juridico del Poder Ejecutivo, Pedro Montilla y la subconsultora del Poder Ejecutivo, Noelia Rivera.

Tambien, estuvieron presentes en calidad de observadores diversos academicos, actores de la sociedad civil y de la prensa.