Comunitarios de Cotuí, Gobierno y Barrick continuarán diálogo este lunes

Este próximo lunes continuarán los diálogos con miras a llegar a un acuerdo sobre el conflicto entre la Barrick Pueblo Viejo y los comunitarios afectados del municipio de Cotuí, en la provincia Sánchez Ramírez, por la construcción de una presa de colas.

La comisión, integrada por la Iglesia católica, la minera Barrick Pueblo Viejo, el Ministerio de Energía y Mina, los comunitarios, el Defensor del Pueblo y otras autoridades de la sociedad civil, se reunirá nueva vez en horas de la mañana del lunes en el Arzobispado de la diócesis de La Vega, para continuar con la mesa de diálogo.

Este grupo tiene la finalidad de llegar a acuerdos que beneficien a todas las partes, en el marco de la propuesta para construir una presa de colas.

El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, en su papel de vocero de la comisión, estableció que en este encuentro, se concluyó que lo más importante en estos momentos es definir o avanzar en las normas que regirán los acuerdos, definir las informaciones que se necesitarán para la toma la decisión y apoyar el proceso de movilización de las comunidades.

Indicó que al menos 600 familias serán reubicadas, de acuerdo a un supuesto censo realizado por la empresa minera.

De acuerdo a Martín Guzmán Tejada, quien participó en el encuentro como representante de las comunidades afectadas, están en desacuerdo con algunos de los puntos establecidos hasta el momento, debido a una mala interpretación y aplicación de los Estándares Ambientales y Sociales del Banco Mundial.

Cuenta que solo se realizó un breve resumen de la normativa establecida en el estándar número 5 (EAS5) que trata sobre la adquisición de tierras, restricciones sobre el uso de la tierra y reasentamiento involuntario, dejando fuera otros aspectos importantes.

También, Fernando Peña, delegado por la asamblea y las comunidades, aclaró los puntos importantes que se trataron durante el encuentro, explicando, en un primer lugar, que tanto la Barrick como el Gobierno, deben entregar por escrito sus planes con respecto al proyecto.

Además, las comunidades afectadas, de igual forma, deben entregar un documento que será socializado con los demás. Ambos escritos deberán ser entregados hasta el viernes.

Por último, se acordó que todas las informaciones deberán ser compartidas y discutidas abiertamente, incluyendo el censo realizado por la Barrick, cuyos datos no han salido a la luz pública.

En el encuentro estuvieron presentes el obispo de La Vega, Carlos Tomás Morel; Ricardo de los Santos; presidente del Senado y senador por la provincia Sánchez Ramírez, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa; la presidenta de Barrick Pueblo Viejo, Juana Barceló, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, entre otros.