Caso Senasa: Cuando la salud queda expuesta

La imposición de medidas de coerción contra los implicados en el caso Senasa marca un punto de no retorno. Ya no se trata de sospechas ni de versiones enfrentadas. La justicia ha considerado que existen elementos suficientes para privar de libertad a quienes, presuntamente, administraron de manera indebida recursos destinados a la salud pública. Ese hecho, por sí solo, explica por qué el país hoy está en vilo.

Porque Senasa no es cualquier institución. Para miles de dominicanos es el primer sostén frente a la enfermedad. Es el carnet que se presenta cuando no hay ahorros, cuando la emergencia no da margen, cuando la vida depende de una consulta, un medicamento o un procedimiento. Por eso este caso genera gran conmoción. No toca solo al Estado. Toca a la gente.

Las imágenes frente al Palacio de Justicia este domingo, el día en que se conoció la decisión del tribunal, eran la expresión de un malestar hondo y extendido. Allí no había curiosos. Había ciudadanos cargados de frustración, de miedo y de una sensación amarga de engaño. Protestaban porque sentían que algo esencial había sido puesto en riesgo: la salud de quienes quedan desprotegidos cuando el sistema falla. La salud, en definitiva, quedó expuesta, y cuando ocurre de esa manera, la incertidumbre se vuelve colectiva.

Que haya personas cumpliendo prisión preventiva por este caso es una señal importante. Habla de un sistema judicial que, al menos en esta etapa, reconoce la gravedad de los hechos que se investigan. Sin embargo, sería un error reducir todo a la dimensión penal. El expediente judicial es solo una parte de una crisis más amplia, más profunda y más delicada.

La gran herida que deja este proceso es la de la confianza. ¿Cómo se permitió que una institución tan sensible llegara a este punto? ¿Dónde estaban los controles? ¿Quién debía supervisar y no lo hizo? ¿Cuántas alertas fueron ignoradas antes de que el problema estallara públicamente? Estas preguntas no se responden con medidas de coerción, sino con transparencia real y decisiones estructurales.

Mientras tanto, millones de afiliados observan el desarrollo del caso con una inquietud difícil de sacudir. No todos salen a protestar, pero muchos se preguntan si su cobertura sigue intacta, si todos los servicios se mantienen, si el sistema que los protege es realmente confiable. Esa ansiedad no es exagerada. Es comprensible.

La corrupción en el sector salud tiene una carga ética que duele más. No se limita al desvío de fondos o a la violación de normas administrativas. Aquí el daño potencial se mide en tratamientos interrumpidos, en diagnósticos tardíos, en esperas que se alargan cuando el cuerpo ya no puede esperar.

Ahora que la justicia ha actuado, el desafío es mayor. No basta con señalar culpables. Es imprescindible garantizar que el sistema funcione, que los controles se refuercen y que la salud pública no pague las consecuencias de errores -o delitos- ajenos. El país necesita tranquilidad con certezas.

Porque cuando la salud queda expuesta, no se compromete solo una institución. Se compromete la tranquilidad de un país entero. Y reconstruir esa confianza exigirá algo más difícil que imponer coerción: exigirá responsabilidad, claridad y voluntad real de corregir lo que falló.