Caso fiscal Aurelio Valdez: Le varían coerción y lo envían a juicio por acusación de soborno

Un juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio y variación en la medida de coerción sobre el exfiscal Aurelio Valdez Alcántara, señalado de solicitar y recibir un presunto soborno de US$10,000.

La decisión fue tomada por el magistrado Raymundo Mejía, que ordenó presentación periódica, impedimento de salida y el pago de un millón de pesos a través de una aseguradora al exintegrante de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

De acuerdo con Eduardo Velázquez, representante del Ministerio Público, Mejía catalogó el hecho como “grave” y por eso valoró los elementos de prueba presentados por el órgano acusador.

“Lo más importante es que el juez estableció que esto es un hecho grave y lo va a enviar a juicio porque las pruebas son sólidas y en la próxima fase procesal demostraremos nuestra acusación”, declaró.

Velázquez agregó que Alcántara representa peligro de fuga y por eso buscarán variación en la medida cautelar impuesta este miércoles.

“El peligro de fuga se mantiene y en esa situación, en su momento procesal, procederemos a solicitar variación”, comentó.

Sin peligro de fuga

De acuerdo con el abogado Ismael Molina, defensor de Alcántara, el magistrado Mejía indicó que el exfiscal no representaba “peligro de fuga” y que la “prisión preventiva era innecesaria desde el principio”.

De igual forma, explicó que en un principio el órgano persecutor presentó distintas pruebas sobre el supuesto soborno, pero que en las audiencias preliminares “no pudieron demostrarlo”.

“Los 200,000 mil dólares que la Fiscalía dijo, no sabemos de dónde lo dijo porque no presentó pruebas. ¿Qué solicitó un vehículo? Tampoco. Así como ninguna de las entregas controladas”, expresó Molina.

El Ministerio Público lo acusa de haber recibido 10 mil dólares en efectivo del testigo Roberto Canaán, vinculado al expediente sobre presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud.

Según la acusación, el imputado habría utilizado su posición y sus relaciones dentro del sistema de justicia para influir en el curso de las investigaciones.