Audiencia caso Senasa entra en etapa de réplica y contrarréplica

Tras más de siete horas de audiencia para el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados del caso Senasa, ambas barras entran a la etapa de réplica y contrarréplica.

Luego de terminar la exposición por parte de los representantes del Ministerio Público, encabezada por Wilson Camacho y Mirna Ortiz, el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, otorgará a las defensas la oportunidad de contrarreplicar lo dicho por la barra de las autoridades.

Durante los 15 minutos de receso otorgados por el Tribunal, el abogado Marcelino Vargas Brito, representante de la acusada Ada Ledesma, reveló que tres de los implicados en el caso ya llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público.

“Ya hay algunas imputadas que ya han llegado a un acuerdo con el Ministerio Público cuando se está hablando de un monto de miles y miles de millones de pesos. En el caso de la nuestra, es una transacción de cuatro millones de pesos”, expresó Vargas Brito.

Ante esto, señaló que desde su óptica profesional “mal haría un juez” dejar a su defendida en prisión preventiva “cuando el monto que supuestamente que están cuestionando solamente lo que envuelve son cuatro millones de pesos”.

“Nosotros entendemos que ese tribunal administrando justicia en nombre de la ley deberá tomar en cuenta esa posición, porque si hay imputadas que negociaron por una situación de mucho dinero y el Ministerio Público que cambió el criterio de variación, entonces sería injusto que dejen una ciudadana y la manden a prisión preventiva donde su monto, que supuestamente dicen que ella se benefició, o que fue el canal, es de cuatro millones”.

Vargas Brito señaló que esas imputadas que negociaron son Heidi Perdono, esposa de Manuel Ovalles, quien supuestamente le regaló un reloj Rolex a Santiago Hazim, principal acusado, y es miembro del Movimiento OLA, que presuntamente recibió más de 1,600 millones del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Indicó que la segunda es Cinty Acosta Sención, gerente de la empresa Madison Medical, S. A, además de otro imputado que también fue parte de la negociación, pero omitió el nombre.

Vargas Brito reiteró que para estos tres acusados el Ministerio Público en su réplica solicitó la variación de medida de coerción, cuando en principio tenía la solicitud de 18 meses de prisión preventiva y ahora está pidiendo garantía económica y prisión domiciliaria.