Justiniano Montero propone reactivar tribunales móviles para descongestionar las cárceles

El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Justiniano Montero, anunció una serie de iniciativas dirigidas a transformar el sistema de administración de justicia, entre las que figuran la reactivación de los tribunales móviles para descongestionar los centros penitenciarios, la firma de un pacto interinstitucional contra la corrupción y la reforma del sistema disciplinario judicial.

Montero explicó que la iniciativa de los tribunales móviles busca llevar los estrados judiciales a los recintos penitenciarios que registran mayores niveles de hacinamiento, mediante una estrategia coordinada con el Ministerio Público y la Oficina Nacional de la Defensa Pública.

La propuesta procura reducir los aplazamientos de audiencias y los inconvenientes logísticos, operativos y de seguridad que implica el traslado constante de personas privadas de libertad desde las cárceles hasta los palacios de justicia.

Asimismo, permitiría facilitar la comparecencia de víctimas y testigos, agilizar el conocimiento de los procesos y contribuir a que los expedientes avancen de manera más oportuna.

El magistrado también planteó fortalecer los mecanismos alternativos de solución de conflictos mediante una mesa de gobernanza penal, con el propósito de promover acuerdos y conciliaciones en los casos que legalmente lo permitan, evitando que asuntos de menor gravedad terminen agravando la congestión del sistema penitenciario.

Como parte del seguimiento a las iniciativas anunciadas, informó sobre la designación de una comisión especial integrada por dos funcionarios judiciales y un consejero, que tendrá la responsabilidad de presentar informes periódicos sobre el cumplimiento de los objetivos establecidos para los primeros 100 días de gestión.

Pacto contra la corrupción

En otro de los ejes de su programa de trabajo, Montero anunció que la Suprema Corte de Justicia promoverá un pacto interinstitucional para prevenir y combatir las prácticas de corrupción que puedan afectar la administración de justicia.

La propuesta contempla la participación de la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de Interior y Policía, la Oficina Nacional de la Defensa Pública y el Colegio de Abogados de la República Dominicana.

El presidente de la SCJ consideró que la prevención de la corrupción debe involucrar a todos los actores que intervienen en el sistema de justicia y no limitarse exclusivamente a los jueces y servidores judiciales.

Advirtió que las actuaciones contrarias a la ética comprometen tanto la reputación individual de los funcionarios como la credibilidad de las instituciones y la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.

En ese sentido, sostuvo que no basta con proteger a los jueces frente a posibles señalamientos, sino que resulta necesario trabajar de manera coordinada con los demás sectores que participan en los procesos judiciales.

«No basta con blindar a nuestros jueces; debemos incidir activamente en los demás actores que intervienen en el proceso», expresó.

Montero también anunció el fortalecimiento de la jurisdicción disciplinaria, especialmente en lo relativo a los procesos contra abogados y notarios, con el objetivo de eliminar los retrasos en la tramitación de los expedientes y garantizar decisiones dentro de plazos razonables.

El magistrado advirtió que esa jurisdicción ejercerá sus atribuciones con apego al debido proceso y al derecho de defensa, pero estableciendo consecuencias para quienes incurran en actuaciones contrarias a la ética profesional.

«El que sea inocente será declarado inocente, y el culpable, culpable. No podemos seguir con una jurisdicción disciplinaria resguardada en un ostracismo total», manifestó.

Asimismo, llamó a los abogados y notarios a actuar con responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, al advertir sobre los efectos negativos que producen las falsas promesas y los cobros indebidos por servicios profesionales que finalmente no pueden ser cumplidos.

Plan de los primeros 100 días

Las iniciativas forman parte de la agenda de transformación institucional que Montero procura desarrollar al inicio de su gestión al frente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial.

Entre las prioridades también figura la elaboración de un plan de mejoras para los primeros 100 días, la modernización de la Ley del Poder Judicial, la consolidación de la transformación digital y el fortalecimiento de los programas antisoborno.