Santiago Hazim notifica a Cámara de Cuentas imposibilidad de responder auditoría tras hallazgos

El exdirector ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SENASA), Santiago Marcelo Hazim, notificó a la Cámara de Cuentas su imposibilidad material de responder y presentar descargos frente al Informe Preliminar de Investigación Especial realizado a la institución para el período 2020-2025.

El doctor Miguel Valerio Jiminián, quien asume la defensa de Hazim, mediante comunicación del pasado 7 de septiembre, informó al órgano fiscalizador del Estado, el inconveniente que tenía de responder al referido informe.

El jurista sostiene que la situación de reclusión de su representado en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras le impiden tener acceso directo a los archivos, registros financieros y sistemas informáticos indispensables para revisar y sustentar observaciones a la auditoría.

El jurista argumentó que la falta de respuesta a la notificación del informe cuyo plazo normativo de 30 días hábiles vence en los próximos días obedece estrictamente a limitaciones objetivas derivadas del encarcelamiento de su representado.

Valerio invocó el artículo 69 de la Constitución, referente al debido proceso, el derecho de defensa y la presunción de inocencia, al señalar que exigir precisiones o justificaciones sin acceso a los expedientes de soporte vulneraría los derechos fundamentales de su representado.

En ese sentido, dejó constancia de que el órgano auditor ha contado con acceso a documentos e información suministrados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), mientras que el imputado carece de acceso equitativo a tales fuentes.

La comunicación aclara expresamente que la ausencia de respuesta personal no debe interpretarse como una aceptación de los hallazgos, una admisión de responsabilidades ni una renuncia a sus medios de defensa dentro del proceso penal en curso.

Santiago Hazim se encuentra privado de libertad desde el 11 de diciembre de 2025, fecha en que le fue impuesta una medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva. Dicha decisión fue posteriormente confirmada el 4 de febrero de 2026.

Sobre la investigación especial

La investigación realizada por la Cámara de Cuentas abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de septiembre de 2025, evaluando áreas clave como compras y contrataciones, pagos a Prestadores de Servicios de Salud (PSS), gestión de servicios, registros financieros y sistemas de tecnología.

El informe preliminar de la fiscalización, emitido el 3 de agosto de 2026 y notificado el día 7 del mismo mes, señala hallazgos administrativos, financieros, contractuales y tecnológicos que incluyen indicios de responsabilidad administrativa y penal.