Luego de un largo proceso y de haber sido aplazada en al menos 3 ocasiones, fue conocida este viernes la medida de coerción contra las 10 personas en el caso XL-526, una presunta red criminal dedicada a la estafa, extorsión y lavado de activos mediante operaciones de ciberdelincuencia.
La jueza Yiberty Polanco declaró el proceso como caso complejo, impuso 18 meses de prisión preventiva a cinco de los imputados, a ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, y otorgó al Ministerio Público un plazo de ocho meses para concluir la investigación.
Los restantes cinco acusados recibieron garantía económica, con montos que oscilan entre RD$200,000 y RD$800,000, además de presentación periódica.
Durante la lectura de la decisión, la jueza estableció que se produjo una violación a derechos fundamentales, específicamente al derecho de defensa, al considerar que a los abogados se les impidió ejercer de manera adecuada la comunicación con sus representados durante la etapa inicial del proceso.
No obstante, entendió que esa situación, aunque constituye una vulneración de derechos, no era suficiente para anular los arrestos practicados ni para invalidar el proceso.
La jueza indicó que, de comprobarse que determinadas pruebas fueron obtenidas como consecuencia de esa vulneración de derechos, estas podrían ser excluidas del proceso, lo que además podría derivar en responsabilidades patrimoniales y disciplinarias para los miembros del Ministerio Público que impidieron el acceso de la defensa a los imputados.
Entre los imputados figuran Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera, Walinton Ariel Sosa Almonte, Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yusmery Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua y Julio Antonio Peralta del Rosario.
Los integrantes de la red diseñaban y publicaban anuncios publicitarios en portales de citas y encuentros íntimos, ofreciendo servicios sexuales ficticios de supuestas mujeres.
La acusación del Ministerio Público, sostiene que los integrantes de la red presuntamente contactaban a personas a través de medios digitales y luego las intimidaban o engañaban para obtener dinero, utilizando distintas modalidades de fraude y mecanismos para ocultar el origen de los fondos obtenidos.
Related News
Ejército de EEUU ataca instalaciones de radares en Irán
Diputado que renunció a FP reflexiona sobre escuchar a las bases y abrir camino a nuevas ...
Papa León pide acabar con narrativas divisivas y polarizantes en su primer día en España
