Diputados del PRM y aliados aprueban préstamos de USD$600 millones en menos de una hora y media

Tras aprobar en primera discusión el proyecto que busca reformar la Ley 16-92 del Código de Trabajo, la Cámara de Diputados limitó este miércoles la agenda legislativa en el conocimiento de dos préstamos depositados por el Gobierno.

Los representantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados se unieron para favorecer en menos de una hora y media la suscripción de esos contratos que tienen un monto total de USD$600 millones, superando el rechazo de las bancadas políticas opositoras.

Este proceso fue alcanzado por los oficialistas en menos de una hora y media, inferior al periodo que destinaron para aprobar en primera discusión la reforma laboral, superando una cantidad de nueve meses.

De esta manera, será el Senado de la República el órgano que deberá decidir si acepta definitivamente la adquisición de esa deuda con entidades financieras internacionales.

200 millones

Una de estas sería realizada con la Corporación Andina de Fomento (CAF) con el objetivo de permitir la utilización de USD$ 200 millones en “la acción climática”.

El Ministerio de Hacienda y Economía, entidad que estaría encargada de ejecutar los recursos, le permitirá al Poder Ejecutivo tener “resiliencia frente a los impactos del cambio climático”.

“El préstamo tiene como propósito brindar liquidez presupuestaria al gobierno, poniendo a disposición fondos bajo la modalidad de apoyo presupuestario”, dicta el documento legislativo.

400 millones

Mientras que el segundo empréstito fue acordado por el Poder Ejecutivo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el financiamiento del Programa Integral de Agua Potable, Saneamiento Universal y Reúso en la Zona de Punta Cana-Bávaro.

Según establece la pieza, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) dispondría de estos fondos para “contribuir a la mejora de la salud pública y la protección del acuífero costero” en esas demarcaciones.

De manera específica, “incrementar el acceso a agua potable segura en las localidades priorizadas; saneamiento seguro en las localidades priorizadas; y mejorar la gestión integrada y sostenible del recurso hídrico en la zona de intervención”.