El Tribunal Constitucional (TC), tras declarar inconstitucional la derogación de las sanciones contra la usura, ordenó al Congreso Nacional crear un nuevo marco legal que penalizara esta práctica, ajustándose al ordenamiento monetario y financiero vigente.
La sentencia, que contó con la mayoría requerida de los magistrados encabezados por el presidente del TC, Napoleón R. Estévez Lavandier, determinó que el Estado dominicano no puede dejar el delito de usura sin castigo legal, ya que los tratados internacionales obligan a su prohibición.
No obstante, el fallo no fue unánime, pues se emitieron votos salvados de los magistrados Domingo Gil, Amaury A. Reyes Torres y José Alejandro Ayuso, quienes coinciden con la decisión, pero no con todos los argumentos de la fundamentación.
“Este colegiado acoge la acción directa que le ocupa y exhorta al Congreso a legislar a los fines de regular la prohibición de la usura de conformidad con el ordenamiento monetario y financiero vigente”, aduce la sentencia del TC marcada con el número TC/0235/26.
El tribunal sostiene que es incontrovertido que una de las atribuciones dadas por la norma sustantiva al Poder Legislativo es la de dictar las leyes que considere necesarias para el bienestar de la ciudadanía.
A su vez, posee la facultad de derogar aquellas normas que estime que ya no se adaptan a la realidad social o que carecen de pertinencia normativa en el ordenamiento.
Es menester hacer constar que la legislación de la República Dominicana debe sancionar el cobro de intereses excesivos que tipifican la usura.
Actualmente, las instituciones financieras están reguladas tanto por el Código Penal como por la Ley Monetaria y Financiera núm. 183-02 para evitar prácticas abusivas, basándose en los principios constitucionales de libre competencia.
Origen del fallo
La decisión surge a raíz de una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el abogado Hermes Guerrero Báez contra el numeral 1 del artículo 91 de la Ley núm. 183-02 (Código Monetario y Financiero). Guerrero Báez interpuso la acción debido a que dicha ley derogó la Orden Ejecutiva 312 de 1919, la cual regulaba el interés legal y tipifica el delito de usura.
El accionante argumentó que, al eliminar esta normativa, el Estado dominicano dejó de cumplir con su obligación de prohibir la usura, vulnerando la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos, dejando a la ciudadanía desprotegida frente a intereses abusivos. Aunque la Procuraduría General de la República solicitó declarar la acción como "inadmisible" por una supuesta falta de claridad, el Tribunal rechazó este argumento y validó la legitimidad de Guerrero Báez para accionar en defensa de la Carta Magna.
Por su parte, la Cámara de Diputados no presentó argumentos de fondo, dejando la decisión a la "sabia interpretación" del órgano constitucional.
Bloque de constitucionalidad
El tribunal explicó que, desde la reforma de 2010, los tratados internacionales de derechos humanos —como la Convención Americana sobre Derechos Humanos— integran el bloque de constitucionalidad y tienen jerarquía constitucional.
El artículo 21 de dicha Convención establece que "tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley". En ese sentido, si bien la derogación fue válida en el año 2002, devino en una inconstitucionalidad sobrevenida al entrar en vigor la Constitución de 2010, la cual obliga al Estado a proteger a los ciudadanos de la explotación económica.
"La referida derogación de la normativa que regulaba el delito de usura resulta inconvencional y, consecuentemente, inconstitucional", dictaminó el alto tribunal.
La decisión contó además con el voto disidente de la magistrada Alba Luisa Beard Marcos, quien se opuso a la decisión mayoritaria. Con este fallo, el Estado dominicano se ve obligado a retomar la persecución legal de los préstamos con intereses usurarios, una práctica que, aunque regulada administrativamente para la banca formal, carecía de consecuencias penales claras para el sector informal y otros prestamistas desde hace más de 20 años.
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