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Abogada de Hugo Beras asegura el dinero para los semáforos inteligentes los aprobó el Presidente

27 March 2026
This content originally appeared on Listín Diario.
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La abogada Laura Acosta dijo ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que su cliente Hugo Beras tuvo una conversación con el presidente Luis Abinader, donde este le indicó que podía utilizar fondos del Estado para el Intrant, esto antes de realizarse la licitación por lo que acusan al imputado de corrupción.

Acosta detalló que el mandatario, con el conocimiento de la falta de fondos en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), ordenó al director general de Presupuesto, José Rijo, entregar RD$ 2,200 millones a la institución para el pago de los semáforos inteligentes, proyecto que se desarrollaba con la compañía Dekolor S.R.L.

“El presidente estaba hablando con José Rijo y transfiere esa conversación a Hugo. Y el presidente le ordena a José Rijo: Coordina con Hugo Beras y Héctor Porcella la transferencia cuanto antes de RD$ 2,200 millones del Idac al Intrant para la licitación y posterior compra de los semáforos inteligentes”, explicó la abogada durante su intervención.

Acosta destacó que las conversaciones del mandatario con Beras se realizaron el 16 de enero del 2023, antes de llevarse a cabo la licitación de los semáforos inteligentes a la empresa Dekolor S.R.L.

Además, mencionó que Abinader conocía de la falta de fondos de la institución, pero al priorizar la mejora del tránsito, ordenó el traspaso del dinero desde la dirección de presupuesto.

“No existe en esa acusación que Hugo Beras tomó un peso del Estado dominicano o de un particular para verse beneficiado”, señaló.

Se recordó que el Ministerio Público explicó que la investigación obtuvo pruebas de la existencia de diversas líneas delictivas, entre ellas supuesta corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, sabotaje a infraestructuras críticas, contrabando, falsificación, delitos de alta tecnología, actos de terrorismo en infraestructura crítica y lavado de activos.