Imponen coerción a dominicana residente en el exterior por ultraje al Himno Nacional

Alicia Anabel Santos Díaz, imputada por el Ministerio Público del delito de ultraje al Himno Nacional, queda en libertad, pero tendrá que presentarse ante la justicia cada dos meses.

La jueza Katherine Rubio Matos, del Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del Distrito Nacional, le impuso presentación periódica a Santos Díaz y otorgó un plazo de seis meses para que el Ministerio Público culmine la investigación y presente acto conclusivo.

En la solicitud de medida de coerción el órgano acusador, representado por los fiscales Rafael Reyes, María Miguelina Palma y Emmanuel Ramírez, solicitó para la imputada la imposición de una garantía económica de un millón de pesos, presentación periódica e impedimentos de salida del país.

El arresto de Alicia Anabel Santos Díaz, de 54 años de edad, se produjo amparado en la Orden Judicial número 2025-AJ0051862, emitida por la jueza Fátima Veloz, del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, adscrito a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, el 7 de agosto de este 2025.

Santos Díaz, residente en Estados Unidos, está imputada junto a Yoseli Castillo Fuertes, de ser una de las organizadoras de una actividad cultural en la que alteraron la letra del Himno Nacional.

La investigación, conforme a lo planteado en la solicitud de coerción, se corresponde con hechos tipificados y sancionados en los artículos 37, 39 y 49 de la Ley 210-19, que regula el uso de los símbolos patrios de la República Dominicana.

Ambas imputadas organizaron la puesta en circulación de un texto y promovieron un evento en el cual invitaron al público presente a ponerse de pie y a cantar el “Himno Nacional”, utilizando la música oficial, pero con sus letras alteradas.

Además de tener constancia del hecho difundido en redes sociales, el Ministerio Público recibió denuncias formales de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias (CPEP), el Instituto Duartiano y otras organizaciones, las cuales reclamaron la aplicación de las sanciones previstas en el marco jurídico dominicano.