Campesinos afectados por presa Monte Grande denuncian incumplimiento de pagos y reubicación

Decenas de familias campesinas afectadas por la construcción del Proyecto Múltiple Presa Monte Grande (Pmpmg), aseguran que no tienen motivos para celebrar, ante lo que califican como reiterados incumplimientos del Gobierno en el pago de compensaciones y en la reubicación agrícola acordada.

La denuncia fue formulada por Esteban Ferreras, representante de las comunidades impactadas, durante una entrevista en el programa televisivo A Media Mañana, transmitido desde Barahona por televisión nacional, medios locales y plataformas digitales.

Ferreras sostuvo que las autoridades responsables del proyecto han incumplido compromisos formales, entre ellos, el pago por la destrucción de plantaciones agrícolas y la entrega de tierras prometidas para garantizar la continuidad productiva de los agricultores desplazados.

Según explicó, más de 300 tareas sembradas de plátano, que estaban prácticamente listas para corte, fueron desmontadas como parte de los trabajos del proyecto, bajo el compromiso de que serían debidamente compensadas.

Sin embargo, afirmó que, aunque hace alrededor de dos años se firmaron expedientes y acuerdos para viabilizar esos pagos, los recursos aún no han sido entregados, mientras los productores enfrentan deudas, precariedad económica y la pérdida total de sus medios de vida.

“Cuando el tema se hizo público a nivel nacional y los medios comenzaron a presionar, las autoridades llamaron a unos 13 agricultores, consensuaron y firmaron expedientes para que la Contraloría aprobara los pagos, pero después de eso se lo han negado todo”, denunció Ferreras.

De acuerdo con los afectados, las tareas de plátano destruidas están valoradas en RD$50,400 por tarea, lo que representa pérdidas superiores a los RD$15 millones, en perjuicio de productores que habían realizado importantes inversiones.

Acuerdos de reubicación incumplidos

Los campesinos recordaron que al inicio del proyecto se firmaron acuerdos escritos, con el aval incluso de sacerdotes de la Iglesia Católica como testigos, mediante los cuales se establecía que cada agricultor damnificado recibiría 30 tareas de tierra para su reubicación agrícola.

Indicaron que el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), en coordinación con el Instituto Agrario Dominicano (IAD), identificó al menos cuatro áreas para ese propósito, pero todas han sido descartadas posteriormente con argumentos que califican de contradictorios.

“El caso más reciente es Guanarate: primero dijeron que no había agua subterránea, luego que el agua era salada, pero dirigentes comunitarios de esa zona nos informaron que esas tierras están siendo preservadas para el Consorcio Azucarero”, afirmó Ferreras.

Aseguró que comisiones del Consorcio Azucarero, acompañadas por personal del INDRHI y agentes policiales, visitan periódicamente esos terrenos, lo que, a su juicio, refuerza la sospecha de que las tierras prometidas a los agricultores fueron reasignadas.

Comunidades sin sustento

Las comunidades de Los Güiros, La Meseta y San Simón, junto a Hato Nuevo Cortés, quedaron dentro del área del embalse y hoy se encuentran prácticamente bajo el agua, tanto sus predios agrícolas como amplias zonas comunitarias.

“Ya no tenemos tierras, nuestras casas anteriores están sumergidas, nuestros conucos también. La situación es crítica”, expresaron, al advertir que Monte Grande podría repetir el impacto social ocurrido en Boca de Cachón, donde numerosas familias abandonaron posteriormente las viviendas de reubicación.

Pagos cuestionados

Los agricultores también cuestionaron los pagos realizados en la comunidad de Los Güiros, donde, según denunciaron, 32 personas recibieron RD$30,000 por tarea, pese a que el valor real de la tierra en la región supera los RD$100,000 por tarea.

“Les pagaron RD$900,000 por parcelas completas. Hoy ninguno pudo comprar ni una sola tarea. Ese dinero se fue en poco tiempo por la miseria en que vivían”, afirmó Ferreras, quien estimó que en ese proceso se produjo un perjuicio colectivo superior a los RD$9.6 millones.

Ante este panorama, los campesinos solicitaron la realización de una auditoría al INDRHI y a la administración del proyecto Monte Grande, al considerar que los montos reportados como compensaciones no reflejan la realidad de lo entregado a las comunidades afectadas.

“Lo que pedimos no es caridad ni regalos. Lo que exigimos es que se cumplan los acuerdos firmados y se respete la dignidad del campesinado”, expresó Ferreras.

El dirigente sostuvo que Monte Grande no es solo una presa, sino una oportunidad histórica para transformar el suroeste dominicano, y advirtió que su verdadero éxito dependerá no solo del agua que almacene, sino de la justicia y el trato digno que reciban las comunidades que han pagado el mayor costo del proyecto.