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Consorcio pide una Ley de concesiones para poner fin al deterioro de vías en RD

05 December 2025
This content originally appeared on Listín Diario.
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Aunque los accidentes de tránsito en el país se atribuyen frecuentemente a la falta de educación vial y el consumo de alcohol, la insuficiencia en el mantenimiento y señalización de las carreteras es una debilidad reconocida por las autoridades.

Ante esta realidad, un consorcio empresarial, que incluye a la compañía estadounidense VALTIR y a la dominicana Tintarella, ha propuesto un cambio radical en el abordaje de los siniestros viales: tratarlos como un problema de salud pública mediante una política sanitaria de Estado.

"Cuando hablamos de seguridad vial, lo primero que tiene que ocurrir es que el gobierno entienda que esto es un problema de salud pública," afirmó Patricio Sepúlveda, director comercial para Latinoamérica de VALTIR, durante un desayuno con Listín Diario.

Sepúlveda considera que no debería ser legal que una persona muera en un accidente no provocado por mala conducción, sino por el mal estado de la vía.

Propuesta de concesión por tramos

Máximo Martín Gómez, director general de Tintarella, presentó una propuesta que se alinea con este cambio de visión: replicar el formato internacional de concesionar las carreteras a empresas privadas por tramos.

La propuesta busca que las empresas concesionarias se encarguen directamente del remozamiento y la reparación inmediata de las vías.

"La carretera debe tener una reparación en un lapso no mayor a 24 o 48 horas," precisó Gómez, argumentando que esto sería la solución al deterioro que surge por la insuficiencia de las autoridades para "dar abasto a todas las necesidades."

Para implementar esto, Sepúlveda y Gómez consideran fundamental que el Congreso Nacional establezca un marco legislativo que regule la contratación de estas empresas, distribuyendo la responsabilidad según la cantidad de tramos de las vías.

Según Andrés Gómez, también representante de Tintarella, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) destina alrededor de 6,000 millones de pesos anuales para el mantenimiento vial.

Sin embargo, las gestiones burocráticas obligan a los conductores a esperar meses para corregir un bache o un desperfecto.

"Ministerio, coja esos 6,000 millones de pesos que usted gasta anualmente y vamos a concesionar las vías, hacer contratos y ese mismo monto que se está gastando se va a utilizar de una forma adecuada," sugirió Gómez.

Patricio Sepúlveda subrayó que la ley de concesión debe incluir un esquema de parámetros de desempeño y una matriz de penalizaciones para obligar a las empresas a cumplir con los plazos.

"Si antes de concesionar este tramo, el tránsito promedio se demoraba tres horas, yo tengo que, como país, decir: Mira, yo la voy a concesionar, pero quiero que el tiempo se acorte a una hora," explicó Sepúlveda.

Además, sugirió que, a mayor puntaje de penalización por incumplimiento (ej. una baranda destrozada por más de 48 horas), se deben reducir los años de concesión.

Asociación de empresas

Las empresas VALTIR y Tintarella están asociadas en un consorcio con un enfoque específico en la seguridad y el mantenimiento vial en la República Dominicana.

VALTIR es una empresa estadounidense que se presenta como una de las principales corporaciones encargadas de diseñar mecanismos de ingeniería para garantizar la seguridad en las carreteras.

Es el socio internacional que aporta la tecnología, la experiencia y los estándares de seguridad vial de Estados Unidos y otros países.

Según la información de su socio dominicano Tintarella), esta última es la única representante del Sistema de Amortiguación de Impacto de VALTIR en el país.

Tintarella S.R.L. es una empresa dominicana con más de 10 años en el mercado. Su enfoque es más amplio, cubriendo materiales de construcción, pero está especializada en el sector de la seguridad vial y los acabados.

Es una empresa privada dominicana con sede en Santo Domingo Oeste que se declara pionera en seguridad vial en el país. 

Son importadores e instaladores de defensas metálicas (guardarraíles), representando a fabricantes internacionales como Trinity Highways.

Además, son representantes de sistemas de seguridad vial específicos, incluyendo el Sistema de Amortiguación de Impacto de VALTIR y pintura termoplástica (SWARCO).

También instalan bandas sonoras y ofrecen otros productos para obras públicas, como luminarias LED y Muros Jersey.

Igualmente, Tintarella aporta el conocimiento local, la capacidad logística y la experiencia en la instalación de elementos de seguridad vial en las carreteras dominicanas.

EXPERTOS CRITICAN FALTA DE CERTIFICACIÓN EN BARANDAS VIALES

Además del visible deterioro de las carreteras dominicanas, existe un problema de fondo en la seguridad vial, según el ingeniero Patricio Sepúlveda, director comercial de VALTIR: la calidad del material que utilizan los contratistas y la falta de certificación.

VALTIR, empresa especializada en diseñar sistemas de seguridad vial, se enfoca en disipar la energía cinética de los automóviles tras un impacto, evitando que esta energía se concentre en el interior del vehículo y afecte al conductor.

Sepúlveda criticó que, a diferencia de otros países, el Gobierno dominicano no exige una certificación en las licitaciones que compruebe que los materiales instalados (como las barandas de acero y concreto) están diseñados para reducir los daños tras una colisión.

“Tenemos que pensar que eso es un sistema y tiene que ser certificado. Yo lo debo certificar como un sistema al cual lo impacto a escala real con un vehículo; tengo que demostrar que las personas al interior del vehículo tienen parámetros que están estandarizados, pueden disiparlo, se disipó la energía y esos ocupantes salieron caminando”, detalló.

El experto urgió a las autoridades a cambiar la mentalidad de reducir gastos a expensas de la vida de los conductores. Sugirió incluir una cláusula contractual que obligue a los contratistas a usar materiales certificados para salvaguardar la vida de las personas.

Importancia de los datos estadísticos

Por otro lado, los ingenieros exhortaron a las autoridades a reconocer la importancia de contar con datos estadísticos de accidentes acertados y reales.

"Si no saben dónde se me muere la gente, ¿cómo lo podrán hacer?", expresó Sepúlveda. Recomendaron robustecer el marco legislativo para garantizar que la recopilación de siniestros sirva para identificar y eliminar los puntos de conflicto en las carreteras.

Según un informe de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), se han identificado numerosos puntos críticos por el mal estado de las vías.

Estos son los casos: Zona Norte: 34 puntos crítico; Zona Sur: 29 tramos conflictivos, y Zona Este: 45 puntos de alta conflictividad.

En las cifras de mortalidad vial se registra una contradicción preocupante, porque mientras la Oficina Nacional de Estadística (ONE) reportó una tasa de 20.02 muertes por cada 100 mil habitantes en 2024, y un promedio anual de 1,728 accidentes con fallecidos entre 2020-2024, las actas de defunción de la Junta Central Electoral (JCE) registraron totales mayores.

El total de muertes registrado por la JCE (10,139 personas en el periodo 2020-2024) es significativamente mayor a la suma reportada por la ONE, lo que dificulta la identificación precisa de estrategias para reducir los siniestros.