Importadores temen impacto severo en precios de las galletas al consumidor

Las principales cadenas de supermercados del país elevaron un reclamo contundente ante la Comisión de Defensa Comercial (CDC): suspender de inmediato el proceso de investigación por salvaguarda a las galletas, al considerar que el expediente avanza con fallas tan profundas que se ha convertido en un procedimiento “jurídicamente insostenible” y que coloca al sector importador en un estado de indefensión incompatible con el debido proceso.

La comunicación, suscrita por Centro Cuesta Nacional, Grupo Ramos, Hipermercados Olé y Bravo, sostiene que desde el inicio de la etapa investigativa la CDC ha operado con un nivel de imprecisión y falta de información que impide evaluar adecuadamente la pertinencia de la medida solicitada por los fabricantes Molinos Modernos y Molinos Valle del Cibao.

Los importadores afirman que ni ellos ni el resto de los interesados han tenido acceso a documentos esenciales del expediente, incluidos los anexos con datos financieros, estudios de causalidad y evidencia que supuestamente sustenta el “daño grave” alegado por las empresas solicitantes, pese a que la propia Ley 1-02 obliga al organismo a proveer el expediente íntegro para su examen. Esta ausencia, señalan, ha sido reconocida incluso por el propio Departamento de Investigación de la CDC, que admitió requerir aclaraciones adicionales a las empresas solicitantes.

Otro punto es la imprecisión de los productos investigados, según los importadores, la CDC está conduciendo una investigación cuyo objeto ni siquiera ha sido debidamente delimitado. 

La definición actual abarca prácticamente todas las categorías de galletas dulces y saladas, lo que, según los importadores, imposibilita cualquier análisis serio sobre el comportamiento del mercado, la evolución de las importaciones o el impacto real en la competencia. 

Advierten, no sólo hace imposible responder técnicamente a la investigación, sino que compromete la validez jurídica de cualquier conclusión posterior del órgano.

Las cadenas denunciaron que el plazo para completar los formularios exigidos por la normativa vence el 25 de noviembre, sin embargo, aún no les han proporcionado los materiales necesarios para completarlos. Señalan que el Estado estaría exigiendo información que solo puede elaborarse con documentos que la propia autoridad no ha puesto a disposición, generando un bloqueo a su derecho de defensa.

Los importadores pidieron al Pleno de Comisionados detener el proceso hasta que se defina con exactitud el alcance de la investigación, se entregue el expediente completo y se ajusten los plazos a las condiciones reales del trámite.

Aseguran que confían en que la CDC actuará con rigor, pues cualquier decisión tomada sin las garantías mínimas tendría efectos económicos, sociales y reputacionales de gran alcance.

Al tiempo que crece la presión para que el organismo revise las condiciones bajo las cuales avanza la investigación, los importadores observan con inquietud la solicitud de medida provisional que evalúa la CDC: un arancel extraordinario que podría llevar los impuestos de importación hasta un 87.1%. 

Aseguran que la cuestión ya no es solo si la salvaguarda es conveniente o no, sino si el país puede permitirse una decisión de alto impacto social tomada sobre la base de un expediente incompleto y un procedimiento cuestionado desde sus cimientos.