Los detalles del acuerdo firmado por Balaguer, y ampliado por HM, que permite el uso aeropuertos de RD

Con la reciente visita del secretario de Defensa de Estados Unidos a República Dominicana, Pete Hegseth, el gobierno dominicano fortalece la cooperación antinarcóticos en la región con el gigante norteamericano. Pero esta relación entre ambas naciones tiene un antecedente: el Acuerdo de Interdicción Marítima y Aérea de 1995.

Este documento al que el presidente Luis Abinader hizo referencia ayer miércoles, fue firmado en 1995 por el fenecido presidente Joaquín Balaguer y ampliado hace 22 años por el expresidente Hipólito Mejía.

Según el primer mandatario dominicano, el nuevo acuerdo permitirá a las aeronaves estadounidenses realizar reabastecimiento de combustible y transportar equipos y personal técnico, pero esto ya estaba permitido en aeropuertos internacionales dominicanos desde mayo de 2003.

En la extensión del convenio, firmada en Washington por el entonces presidente Hipólito Mejía, cita que: “El Gobierno de la República Dominicana podrá permitir, previa notificación a los funcionarios correspondientes, y en coordinación con los mismos, en las ocasiones y por el tiempo necesario, la debida realización de las operaciones requeridas conforme a este Acuerdo: (…) el aterrizaje y la permanencia temporal de aeronaves del orden de los Estados Unidos en aeropuertos internacionales con fines de reabastecimiento de combustible y suministros, asistencia médica, reparaciones menores, meteorología, y otra logística y propósitos afines”.

Pero el protocolo buscaba además ampliar la cooperación entre ambos países en la supresión del tráfico ilícito por mar y por aire, “considerando el compromiso firme continuo de ambos gobiernos de emprender una campaña agresiva contra el narcotráfico”.

Disposiciones para aeronaves estadounidenses que sobrevuelan territorio dominicano, procedimientos de notificación de vuelos y jurisdicción en zonas contiguas son algunas de las enmiendas contenidas en el documento.

Una de ellas expresa que el Gobierno de la República Dominicana permitirá a las aeronaves del Gobierno de los Estados Unidos de América sobrevolar por encima de su territorio y sus aguas cuando participen en operaciones de las fuerzas del orden.

También permitirá transmitir las órdenes de sus autoridades competentes a la aeronave sospechosa para que aterrice en el territorio de la República Dominicana; pero esto “acatando debidamente su legislación y regulaciones de vuelo y maniobras de la aeronave”.

Además, Estados Unidos notificaría con antelación esos sobrevuelos. No obstante, en el caso de operaciones no programadas, que pueden incluir la persecución de aeronaves sospechosas que requiera la penetración del espacio aéreo, las autoridades de las fuerzas del orden y las autoridades de aviación de ambos países podrán intercambiar información con respecto a las vías de comunicación correspondientes u otra información pertinente a la seguridad de los vuelos.

Sobre este último aspecto, el texto recalca que toda aeronave que participe de estas operaciones cumplirá con las regulaciones de navegación aérea y seguridad de los vuelos que puedan requerir las autoridades dominicanas de aviación. Tampoco pondrán en peligro las vidas de las personas a bordo, ni la seguridad de las aeronaves civiles, mientras se dirijan actividades de interceptación aérea.

El protocolo enfatiza además la adhesión a las leyes nacionales y al derecho internacional en materia de uso de la fuerza, garantizando la seguridad civil durante las interceptaciones por vía aérea.

Una de esas medidas es que cualquier fuerza que se use se ajustará a las leyes de ambos gobiernos y será, en todo caso, “la fuerza mínima que razonablemente exijan las circunstancias”. Esto no aplica contra aeronaves civiles en vuelo, como por ejemplo aviones de aerolíneas comerciales, y lo reitera en párrafos siguientes: “cuando dirijan actividades de interceptación aérea conforme a este acuerdo, las partes no pondrán en peligro las vidas de las personas a bordo ni la seguridad de la aeronave civil”.

Por otro lado, los abordajes y registros de conformidad con el acuerdo tienen que ser realizados por funcionarios uniformados de los buques y las aeronaves de ambos gobiernos, los cuales han de estar debidamente formados sobre las leyes y normas de ambas partes. Esos miembros también han de estar claramente marcados e identificados al servicio del gobierno, y de los buques de otros Estados.

Otros permisos a aeronaves

Cuando así se notifique y coordine, el gobierno dominicano podrá permitir el aterrizaje y la permanencia temporal de aeronaves del orden de los Estados Unidos en aeropuertos internacionales con fines de reabastecimiento de combustible y suministros, asistencia médica, reparaciones menores, meteorología, y otra logística y propósitos afines.

También permitirá el desembarque y embarque de funcionarios del orden de los Estados Unidos, incluidos funcionarios del orden adicionales, en aeronaves del orden de los Estados Unidos. Además, la escolta de personas, que no sean nacionales dominicanos, desde embarcaciones sospechosas escoltadas por funcionarios del orden de los Estados Unidos a través de territorio dominicano y que salgan de éste.

El desembarque y embarque, así como la salida de aeronaves del orden de los Estados Unidos desde territorio dominicano con personas, incluidos los migrantes, que no sean nacionales dominicanos, de embarcaciones sospechosas, también será permitido.

Límites marítimos

En el caso marítimo, señala que “la expresión ‘embarcaciones’ incluye los buques de otros Estados claramente marcados e identificables como buques al servicio del gobierno".

Como en el caso de las aeronaves, el gobierno dominicano podrá permitir, previa notificación, el atracamiento temporal de las embarcaciones estadounidenses del orden en los puertos nacionales para el reabastecimiento de combustible y suministros, asistencia médica, reparaciones menores, meteorología y otra logística y propósitos afines.

También podrá permitir la entrada de funcionarios del orden adicionales de los Estados Unidos y la entrada de embarcaciones sospechosas que no enarbolen las banderas de ninguna de las partes escoltadas desde el mar afuera del mar territorial de cualquiera de las partes, por funcionarios de las fuerzas del orden de los Estados Unidos.

Antecedentes recientes

En junio de este año, el canciller Roberto Álvarez y la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en el país, Patricia Aguilera, renovaron la firma del Memorando de Entendimiento para el Conocimiento de los Espacios Aéreos, Marítimos y Terrestres.

Este instrumento puede que sea el antecedente más reciente a la reunión del pasado miércoles, la cual coincide en medio de un contexto convulso debido a los roces entre la gestión de Donald Trump y Venezuela.

El documento contempla, según publicaciones de la Presidencia dominicana, compartir información de seguridad entre ambos gobiernos y con otros aliados regionales mediante el Sistema Cooperativo de Integración de Información Situacional (CSII), una plataforma compartida de radares y sensores para coordinar operaciones conjuntas, tanto para seguridad como para rescate ante desastres.

Afianzar la cooperación en defensa, la lucha contra los crímenes transnacionales y la asistencia humanitaria, así como también cooperar durante operaciones de búsqueda y rescate, de socorro en casos de desastres naturales, o de seguridad marítima y aérea, son algunos de los objetivos del memorando.

Reunión con el secretario de Guerra

En este nuevo convenio, que no implica un reactualización o modificación del acuerdo de 1995, se autorizó además el uso de espacios restringidos en la Base Aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) para operaciones logísticas de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico de manera temporal.

El primer mandatario dominicano señaló que su alcance es "técnico, limitado y temporal", y que todas las operaciones deberán ser autorizadas y acompañadas por las autoridades dominicanas.

Abinader agregó que “el propósito es claro: fortalecer el anillo de protección aérea y marítima que mantienen nuestras Fuerzas Armadas. Un refuerzo decisivo para impedir la entrada de narcóticos y golpear con mayor contundencia al crimen organizado transnacional”.